Buenos Aires (2b)- El sobreseimiento del senador pampeano Juan Carlos Marino en la causa por presunto abuso sexual, generó la fuerte reacción de su denunciante, Claudia Guebuel, quien ya presentó con su abogado la apelación de la medida y un pedido de apartamiento de la jueza de la causa «por arbitrariedad manifiesta», además de asegurar que fue un fallo «demasiado rápido», aunque demoró casi 7 meses. «Estoy defraudada por la Justicia, por el tratamiento que se le da a la violencia de género», dijo.
Marino fue sobreseído definitivamente por la jueza federal María Elena Capuchetti, quien determinó la falta de «elementos de prueba», entre otros hechos por la inexistencia de reportes de una prepaga que dieran cuenta de una atención médica el día de los hechos, y testigos directos del caso.
En diálogo con Perfil, la denunciante aseguró que hubo irregularidades. Aclaró que nunca se hicieron las pericias correspondientes al teléfono y tampoco llamaron a la mayoría de los testigos propuestos. El fallo de la jueza Capuchetti sobreseyó al senador «a partir del minucioso examen practicado sobre los elementos de prueba recolectados, donde no se corrobora la hipótesis delictiva denunciada».
Además, tomó la misma medida con dos asesores que también estaban imputados, Juan Carlos Amarilla y Carlos Fiorda. En su resolución, Capuchetti advirtió que «los testimonios no lograron evidenciar la existencia del hecho denunciado; más todo lo contrario, brindaron un panorama totalmente distinto al señalado por Guebel», y agregó: «La totalidad de los declarantes que se desempeñan en el despacho de Marino han negado la existencia de un contexto de acoso u hostigamiento».
«No estoy sorprendida sino que estoy defraudada por la Justicia, por el tratamiento que se le da a la violencia de género», dijo. En total, son seis los testigos que presentó, entre ellas mujeres que denuncian haber sido violadas por el senador en La Pampa, pero dijo que nunca fueron llamadas a declarar.
A la vez, la empleada leguislativa sostuvo que «da la sensación que es un fallo muy rápido, para irse prolijos a fin de un mandato, limpiar la imagen a costa de violencia de género».
Otra de las decisiones que tomó la jueza Capuchetti fue cesar con la custodia policial domiciliaria que se había asignado a la denunciante y, sin embargo, Guebel aclaró que fue ella quien pidió esa medida porque «están haciendo inteligencia» y nunca confió en los efectivos que se designaron. «Estoy anonadada por las reglas de una caso como este. El mensaje es claro: a los poderosos no se los investiga. Es un Estado mafioso», concluyó.
