Santa Rosa (2b) – El Boletín Oficial informó el Decreto 598/2019, en el que se instruye a la Agencia de Bienes del Estado (AABE) para que venda «en forma inmediata» los “bienes” recuperados en causas de corrupción. Sólo quedaron exentos de ser rematados aquellos que el Estado tiene pensado un destino específico. Una versión ligth de la clásica frase «vendo todo, me voy a la m…», es decir «lejos».
La norma establece la posibilidad de implementar el decomiso definitivo de bienes aún sin condena. En el
Decreto se deja por sentado que el decomiso «es una herramienta eficiente para la persecución e investigación de delitos vinculados, entre otros, al lavado de activos y para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la República Argentina a nivel nacional e internacional», informó el portal de noticias El Cronista.
El titular de la AABE, Ramón Lanús, remarcó que «los países modernos proponen la subasta inmediata de los bienes y nuestro país quiere ir en la misma dirección para mantener el valor de los activos y evitar su deterioro».
El dinero obtenido de los remates será destinado a las arcas del Estado Nacional, de las Provincias o de los Municipios, salvo en los casos que existan derechos de restitución o indemnización en favor del damnificado y de terceros.
Actualmente, están en proceso de remate unos 30 departamentos, un yate de la causa de los cuadernos y dos aviones de Lázaro Báez, para el 6 de septiembre próximo. También se pidió la inscripción a favor del Estado de otros bienes en Santa Cruz, Tierra del Fuego y la provincia de Buenos Aires.
El avión Rockwell Commander de Báez, que se encuentra en la plataforma de la empresa Aviación Atlántico Sur, el precio de base se bajó a 110 mil dólares porque está en muy malas condiciones.
El Decreto señala que, en el caso de los bienes localizados en el extranjero, «la disposición de los mismos se realizará adoptando mecanismos idóneos, adaptados a las modalidades del país en que se realicen las mismas, aplicando sea cual fuera el procedimiento, los principios rectores de publicidad, competencia de precios e igualdad de trato a los oferentes, pudiéndose requerir la intervención de entidades bancarias oficiales con especialización inmobiliaria».
