Santa Rosa y Buenos Aires (2b) – La Cámara de Diputados aprobó hoy en general por 222 votos el proyecto que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria y establece un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
La sesión había sido convocada para las 11:30 a partir de un pedido formal de las distintas bancadas opositoras que el lunes pasado lograron unificar todos los proyectos presentados. Desde las bancadas, pidieron una sesión “tranquila” y rápida. Y así fue: hubo un sólo un orador por bloque y se aprobó el proyecto “unificado”
Previamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y los jefes del interbloque Cambiemos, Mario Negri, y del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, se reunieron con el fin de acordar que la sesión sea concisa y, en lo posible, con un orador por bloque. Rossi sostuvo que «no alcanza» con las políticas sociales que tiene el Gobierno actualmente para asistir a los sectores más vulnerables. «La emergencia alimentaria no es una cuestión electoral, es humanitaria. Necesitamos que este tramo hasta diciembre sea lo menos doloroso posible para la gente», sostuvo Rossi en declaraciones a FM La Patriada.
La decisión del oficialismo de participar del debate se fundó en varias razones, de las cuales la primera es el aval que les dio Macri ayer a sus diputados, junto al compromiso de no vetar la ley en caso de que sea sancionada. Por otro lado, en Cambiemos están convencidos de que el proyecto es parte de «una interna» entre los distintos sectores que conforman el Frente de Todos, en la cual los referentes de movimientos sociales lograron imponerse.
El proyecto prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre este año, y propone un aumento del 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Este punto será central en el debate, dado que el oficialismo quiere que el proyecto precise que ese aumento del 50% será sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas alimentarios, dado que el Gobierno ya había dispuesto una actualización. De esta manera, el Poder Ejecutivo no debería incurrir en un gasto adicional, según explicaron en la bancada oficialista. También faculta al jefe de Gabinete a que actualice trimestralmente esas partidas presupuestarias, tomando como el la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» y la de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC.
