Santa Rosa (2b) – Como «buen» arquitecto, el profesional construyó un castillo pero de cheques que no pagó. Algunos por no tener fondos, otros porque los denunció como «extraviados». El arquitecto en cuestión fue condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por cuatro años para celebrar contratos de cuenta corriente en entidades bancarias reguladas por el Banco Central de la República Argentina. El profesional fue acusado por ser autor del delito de frustración maliciosa de pagos de cheques, en dos hechos en concurso real. El hombre entregaba cheques para pagar electrodomésticos, artículos para el hogar y materiales para la construcción y luego los denunciaba como extraviados.
La jueza de audiencia de General Pico, María José Gianinetto, encabezó la audiencia donde participaron el fiscal general Armando Agüero, los defensores José Luis Ripamonti y Federico López Lavoine y el querellante Guillermo Allasia. Además de la condena, le impuso al imputado reglas de conducta durante dos años: fijar domicilio o residencia y someterse al control de la Unidad de Abordaje del Ente de Políticas Socializadoras.
La maniobra se produjo en 2014: el arquitecto efectuó operaciones de compra de diversos electrodomésticos y artículos para el hogar y materiales para la construcción en dos comercios y los abonó con cheques de su propiedad del Banco Macro. Posteriormente denunció los cheques como perdidos en la policía y en el propio banco.
En una mueblería entregó cheques en pago por un total de 178 mil 495 pesos, pero nueve de ellos fueron rechazados por tener orden de no pagar y otros por falta de fondos. A su vez, en un corralón dio otros cinco cheques por 42 mil 835 pesos, que tampoco pudieron ser cobrados por la misma razón de extravío. Además, hubo otros cheques del Banco de La Pampa que no pudieron ser cobrados por falta de fondos.
El fiscal General Agüero, durante los alegatos, pidió la misma pena que le impuso la jueza, apartándose del mínimo legal previsto. La querella adhirió a esa postura, aunque solicitó que la inhabilitación fuera de cinco años. Por su parte, los defensores, alegaron por la absolución del arquitecto y plantearon que no hubiera un concurso real de delitos debido a que el hecho denunciado fue uno solo.
