Santa Rosa y Buenos Aires (2b)- La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló este mediodía en favor de La Pampa y 14 provincias más contra la quita del IVA y Ganancias, una de las dos demandas que la provincia entabló contra Mauricio Macri apenas consumó su batería de medidas cuando sufrió la cruenta derrota en las PASO. Aún resta decidir sobre el congelamiento de combustibles, aunque igualmente la Corte fue tajante en contra del gobierno nacional.
El tribunal supremo asestó así un nuevo fallo contra el Gobierno, al hacer lugar a los reclamos de 15 provincias por en las rebajas del impuesto a las Ganancias y el IVA a los alimentos que anunció el presidente Mauricio Macri después de las PASO.
Una mayoría compuesta por los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti (Rozenkratz votó en disidencia) falló a favor de los distritos, que sostuvieron que, al tratarse de recursos coparticipables, los cambios dispuestos por decreto debieron haberse convalidado por un acuerdo con las provincias.
Según los gobernadores, las dos medidas afectaron recursos por unos 51.800 millones de pesos que deben distribuirse entre las provincias.
Según destacó el CIJ, oficina de prensa de la Corte, dispuso cautelarmente que los costos fiscales de la aplicación de los decretos n° 561/19 y n° 567/19 del Poder Ejecutivo Nacional y de las resoluciones generales AFIP n° 4546/19 y n° 4547/19 sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.
En ese marco, el juez Rosenkrantz afirmó que la legitimación procesal para demandar presupone la existencia de una relación jurídica sustancial, es decir, de una relación que vincula a quien dice sufrir un agravio con quien estaría obligado a repararlo. En el caso, la actora ha intentado justificar su legitimación para promover la demanda contra el Estado Nacional en la relación jurídica que surge de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos 23.548 y en el efecto reductor de la masa coparticipable que tendría la eliminación del IVA sobre los alimentos de primera necesidad dispuesta por el Decreto 567/2019 y la reducción de las sumas que tributan los trabajadores dispuesta por el decreto 561/2019. Ha sostenido que los decretos impugnados producen una merma a la masa de recaudación de impuestos coparticipables, provocando un perjuicio actual y directo a las arcas provinciales.
