Santa Rosa y Buenos Aires (2b)- La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Fiscalía Federal estudian apelar el sobreseimiento dictado por el juez federal Juan José Baric en la causa por narcotráfico y lavado de activos que finalmente desligó al diputado provincial Espartaco Marín, los comisarios Luis Blanco y Marcelo Calderón, y a otras 20 “personalidades”, entre ellos empresarios y hasta deportistas, en una larga pesquisa que duró tres años. Así lo confirmaron fuentes judiciales a dosbases, al sostener que «existen material probatorio» para sostener la investigación, aún cuando el juez Baric dictó un contundente fallo en el que cuestionó «el cambalache» que generó la AFI, la agencia de espías del gobierno nacional.
En ese marco, oficialmente reconocieron que «se está analizando» la posibilidad de la apelación, y en ese marco trascendió que el lunes podría concretarse la presentación, en el filo del tiempo permitido, o bien este viernes mismo. El tiempo electoral también pesa, y mucho, en el marco de esta extraña causa.
¿Por qué extraña? Y es que a pesar de los más de 3 años de pesquisa, el fallo de Baric, apurado por la trascendencia pública del caso, fue tajante al sostener que no había casi pruebas y sin rodeo alguno señaló a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), como la responsable de toda la acusación.
El fiscal federal Gómez Barbella
“Es una imprecisa e indeterminada reseña que fue apuntando nombres de distintas personas. Huelga mencionar que el informe inicial aportado por la AFI, carece de todo tipo de elemento de prueba que avale su contenido”, sostiene con dureza el magistrado que, en el fallo oficial, aporta otra frase contundente: “A través de un verdadero cambalache se comenzó a dar forma a este expediente”, concluye.
Ese dictamen de 29 páginas tiene párrafos imperdibles. Por ejemplo señala que Marín fue involucrado por menciones y porque testigos reservados que veían regularmente a su chofer acudiendo a la U-4, donde estaban alojados detenidos por narcotráfico, aunque no aportaron prueba alguna y las que sí elevaron, como fotos, se veían todas borrosas.
En otro tramo, cuestiona que los espías citando “fuentes confiables”, aseguraban que ocasionalmente se escuchó una conversación entre los comisarios de la UR-I Marcelo Calderón y Luis Blanco “donde el primero de los nombrados le manifestaba que traería la “carga”, respondiendo el segundo que lo llevara al lugar acordado, pero que tuviera en cuenta no ser captado por las cámaras del circuito cerrado”. Tampoco hay prueba alguna, dice el juez.
El juez consideró, por último, que los espías “refieren a todos los temas en modo potencial y a la existencia de tareas de campo, información propia». Y agrega: «No aportó una sola evidencia, testimonio, filmación, documento o dato certero de lo que dijera. Solo se encuentran anejadas dentro de ese informe unas fotografías borrososas que, va de suyo, jamás podrían servir para imputarle a persona alguna la comisión de un delito. Se asociaron y acumularon nombres sin lógica alguna, sin compartimentar e investigar el despliegue de cada uno de ellos para después poder relacionarlos de forma alguna a actividades delictiva. No hay una cadena lógica en esta “organización delictiva”. No se mencionan datos elementales como ser de donde vendría el material estupefaciente y donde llegaría. Quien la recibiría y en que medios. Cuál es la tarea de cada uno de los nombrados”.
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