Santa Rosa (2b)- A 5 meses de estallar el caso que conmocionó a la política y sociedad pampeana con la investigación por narcotráfico y lavado de activos que involucró al diputado provincial Espartaco Marín, los comisarios Luis Blanco y Marcelo Calderón, y a otras 20 «personalidade», entre ellos empresarios y hasta deportistas, la justicia federal finalmente sobreseyó a los implicados en un duro fallo que lleva la firma del juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, que sin rodeo alguno señala a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), como la responsable de un larga investigación. «Es una imprecisa e indeterminada reseña que fue apuntando nombres de distintas personas. Huelga mencionar que el informe inicial aportado por la AFI, carece de todo tipo de elemento de prueba que avale su contenido», sostiene con dureza el magistrado que, en el fallo oficial, aporta otra frase contundente: «A través de un verdadero cambalache se comenzó a dar forma a este expediente», concluyó.
La justicia federal, a pocos días de las elecciones curiosamente, se despega y mal de una investigación que demandó tres años y la participación primero de la Federal, por estar sospechada la poli pampeana, y más tarde Gendarmería, ante una segunda sospecha de connivencia entre las dos fuerzas. Así se desprende del duro fallo dictado por la justicia, que virtualmente acusa a los espías del Estado por una investigación carente de sustancia alguna.
El dictamen, de 29 páginas y al que tuvo acceso dosbases, tiene párrafos imperdibles. Por ejemplo señala que Marín fue involucrado por menciones y porque testigos reservados que veían regularmente a su chofer acudiendo a la U-4, donde estaban alojados detenidos por narcotráfico, aunque no aportaron prueba alguna y las que sí elevaron, como fotos, se veían todas borrosas.
En otro tramo, cuestiona que los espías citando «fuentes confiables», aseguran que ocasionalmente se escuchó una conversación entre los comisarios Calderón y Blanco «donde el primero de los nombrados le manifestaba que traería la “carga”, respondiendo el segundo que lo llevara al lugar acordado, pero que tuviera en cuenta no ser captado por las cámaras del circuito cerrado». Tampoco hay prueba alguna.
“A la par de ello, no debe pasarse por alto que en la presente investigación se nombran a un número importante de personas (vg. agentes de la policía de la policía de La Pampa, un actual diputado provincial, etc.) sin que la investigación hubiere acreditado o en su defecto descartado su participación en los hechos que se pretenden investigar, ya que solo se los menciona, se informan sus antecedentes, sus lugares de residencia, sus vehículos, sus lugares de trabajo, sin conectar ninguna sospecha que permita su profundización” , resalta Baric.
Impresentables
El juez considera que los espías «refieren a todos los temas en modo potencial y a la existencia de tareas de campo, información propia. No aportó una sola evidencia, testimonio, filmación, documento o dato certero de lo que dijera. Solo se encuentran anejadas dentro de ese informe unas fotografías borrososas que, va de suyo, jamás podrían servir para imputarle a persona alguna la comisión de un delito. Se asociaron y acumularon nombres sin lógica alguna, sin compartimentar e investigar el despliegue de cada uno de ellos para después poder relacionarlos de forma alguna a actividades delictiva. No hay una cadena lógica en esta “organización delictiva”. No se mencionan datos elementales como ser de donde vendría el material estupefaciente y donde llegaría. Quien la recibiría y en que medios. Cuál es la tarea de cada uno de los nombrados».
En ese marco, agrega que «en una imprecisa e indeterminada reseña se fueron apuntando nombres de distintas personas, algunas de ellas conocidos imputados en varias causas del fuero, como así personas que jamás habían sido señalados siquiera por comentarios sobre su participación en este tipo de delitos. El informe aquel no estaba avalado por elemento alguno que lo sostenga. Como ya dijéramos pero es necesario volver a repetir, se utilizaron todos verbos potenciales y sin sustento probatorio alguno. Absolutamente nada de lo indicado en la denuncia original está anclado en prueba alguna, que no sean esas 46 fojas mal redactadas».
Encima, según pudo saber dosbases, los implicados difícilmente puedan iniciar acciones civiles por la pequisa, a raíz que está sustentada en presuntos testimonios de testigos de identidad reservada. Fueron tres años de actuaciones. Curiosamente, una vez destapada por 2b, se cierra a días de las elecciones.
