Santa Rosa (2b)- El candidato a diputado nacional y legislador provincial por la UCR, Martín Berhongaray, presentó un proyecto en Diputados en el que expresó su preocupación por un nuevo avance de la Provincia de Mendoza en contra de los intereses pampeanos, en este caso con el reciente anuncio que retomará la búsqueda de inversores para reactivar el emprendimiento minero “Potasio Río Colorado”, tras la retirada de la empresa brasilera Vale. En ese marco, Berhongaray fue tajante al señalar que tratándose de un “Nuevo Proyecto Minero”, como promociona Mendoza, «corresponde repetir todas las instancias de control con la estricta supervisión de La Pampa».
A pocos días de consumarse el triunfo de Cambiemos en Mendoza, el candidato del mismo espacio en La Pampa dio una nueva muestra de su férrea postura hacia los planes de Alfredo Cornejo sobre el río Colorado, gestión que continuará el electo Rodolfo Suárez en la provincia vecina. Así, mientras mantiene su negativa contra Portezuelo, el diputado llevó a la Cámara pampeana un proyecto para solicitar a las autoridades tanto nacionales como de las provincias condóminas del río Colorado, que «arbitren lo conducente a fin de garantizar que se realicen nuevamente todas las instancias contempladas en la legislación nacional y provincial aplicable a la materia ambiental (manifestación de impacto ambiental, audiencia pública de los interesados o afectados, dictámenes técnicos, declaración de impacto ambiental) habida cuenta que las continuas reformulaciones de la propuesta inicial de Potasio Río Colorado configuran un nuevo proyecto minero”.
Berhongaray sostiene que «las modificaciones introducidas al proyecto original obligan a realizar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental, así como al respeto de todas las medidas e instancias reseñadas que resultan indispensables para asegurar, sin la menor duda, que no se afectará la calidad de las aguas del río Colorado».
En ese sentido agrega que «el artículo 34° de la Ley 5961 es categórico cuando establece que … la Declaración de Impacto Ambiental sin dictamen técnico y audiencia previa será nula…”
El diputado propone, así, «solicitar a las reparticiones correspondientes que informen si la empresa Vale o su antecesora Río Tinto habían contratado o iniciado gestiones para contratar un “Seguro Ambiental de Incidencia Colectiva” (SAO) a fin de hacer frente, ante la ocurrencia de siniestros, a las operaciones de remediación del medioambiente».
Berhhongaray es el primero en reaccionar ante el anuncio del gobierno de Mendoza, que días antes de los comicios adelantó que el Estado Provincial recuperará el control de la mina de Potasio Río Colorado que había sido operada por la empresa brasilera Vale.
El Convenio, que se menciona en etapa de negociación final, establecería que la firma Vale entregaría a la Provincia la totalidad de los activos, incluyendo los equipos, terrenos, concesiones y demás derechos.
Al día de la fecha no se ha logrado despejar la preocupación que genera el riesgo de contaminación del suelo, subsuelo, agua superficial y subterránea, resultante del citado proyecto minero.
En su momento, la Cámara de Diputados procedió a aprobar el proyecto n° 6/08 impulsado por Berhongaray requiriéndole al Poder Ejecutivo Provincial que realice las gestiones pertinentes -conjuntamente con los Poderes Ejecutivos de las provincias condóminas del Río Colorado (Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Mendoza)- a fin de requerir a la Auditoría General de la Nación (AGN), la realización de un nueva Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto minero “Potasio Río Colorado”.
Hasta el día de la fecha no logró concretarse esa gestión, motorizada básicamente por la falta de confianza que genera el informe ambiental oportunamente preparado por la consultora URS contratada por la firma Río Tinto Mining & Exploration Leed.
«No caben dudas que la Auditoría General de la Nación se erige en el organismo adecuado para practicar una nueva EIA toda vez que a sus calificados recursos humanos y técnicos, y a su vasta experiencia en el desarrollo de esta índole de actividades, le adiciona la garantía de la imparcialidad y seriedad de sus conclusiones», sostuvo Berhongaray.
Cabe recordar que el Colegio de Auditores Generales de la Auditoría General de la Nación trató el pedido de La Pampa para realizar una Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Minero “Potasio Río Colorado”, y resolvió remitir la solicitud a la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación, a efectos de que ésta analice su inclusión en el Plan de Acción Anual.
En una reunión celebrada en Puerto Madryn, el Parlamento Patagónico recogió la decisión tomada por la Legislatura de La Pampa y aprobó por unanimidad la realización de una evaluación de impacto ambiental por la AGN, evidenciando la preocupación de toda la región por el riesgo de contaminación de las aguas del Río Colorado.
«No se trata de auditar sólo un emprendimiento minero, sino fundamentalmente de hacer un debido análisis de los prejuicios que dicha explotación puede ocasionar al Río Colorado que es un bien del dominio público, de carácter interprovincial, de donde surge que hay facultades concurrentes del Gobierno Nacional con todas y cada una de las provincias que integran la cuenca, finalizó.
