Buenos Aires y Santa Rosa (2b)- Consumado el contundente fallo de la Corte Suprema que obligó al Gobierno a compensar a las provincias por la reducción del IVA y de Ganancias para los trabajadores, el gobierno de Mauricio Macri pidió ante el máximo tribunal una audiencia pública con los 14 gobernadores del PJ que promovieron la demanda, entre ellos el pampeano Carlos Verna, para discutir en audiencias públicas el alcance de la instrumentación del fallo.
En rigor pidió a la Corte una aclaratoria, y una especie de mediación para concretar una «audiencia pública entre el Estado Nacional y las provincias», con el fin de negociar con los mandatarios que presentaron la cautelar.
Verna, que hoy reasume al frente del Ejecutivo tras ausentarse unos días para controlar su salud en Buenos Aires, fue taxativo al conocer el fallo: «En La Pampa practicamos el federalismo con orgullo y logramos que la Corte Suprema otra vez nos dé la razón cuando defendemos nuestros recursos. Ya nos encaminamos hacia una nueva gestión nacional que va a respetar nuestras autonomías provinciales».
El aviso es claro: los gobernadores negociarán con quien creen será el próximo presidente desde el 10 de diciembre, Alberto Fernández, que a su vez también apoyó la demanda de los gobernadores.
Según publicó el diario Clarín, el escrito presentado por el gobierno nacional lleva la firma del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el de Producción, Dante Sica, y el procurador general del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Allí argumentan que la sentencia de la Corte que los obliga a compensar a las provincias «omite cualquier referencia al modo en que debe implementarse la cautelar impuesta».
Según Nación, los 14 gobernadores privilegian el financiamiento de sus estados por sobre una medida de emergencia a favor de los sectores de menores recursos. El fallo del martes, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda con la disidencia de Carlos Rosenkrantz y la abstención de Elena de Highton fue apoyado por la mayoría de los gobernadores del PJ y criticado duramente por Cambiemos.
Si llegara a prosperar el pedido, los gobernadores peronistas o sus representantes deberán argumentar en una audiencia pública las razones por las cuales buscan «beneficiar a sus estados provinciales y perjudicar a los trabajadores», dicen en el gobierno a Clarín.
La medida cautelar fue solicitada por Entre Ríos con el apoyo de los gobiernos de Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
