Santa Rosa (2b) – La Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal salió al cruce de la denuncia del abogado Mario Aguerrido en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas contra dos funcionarias de General Pico, por la prisión preventiva de un acusado de violación.
La presentación fue realizada contra la fiscala Ana Laura Ruffini y la jueza de Control María Jimena Cardoso, vinculada a la prisión preventiva de Santiago Barabaschi, un joven acusado y condenado por violación pero que el Tribunal de Impugnación Penal impugnó ese fallo y ordenó un nuevo juicio. Aguerrido hizo honor a su apellido y pidió la libertad de su defendido en varias oportunidades, incluso ante el nuevo juicio, y le fue denegado. Entonces presentó un hábas corpus ante el Superior Tribunal de Justicia, quien le concedió el pedido. Luego vino la denuncia contra la fiscal y la jueza, lo que los funcionarios piquenses, no menos «aguerridos» que el denunciante, consideraron “un claro ataque a la autonomía de los fiscales y a la independencia judicial”.
Barabaschi está acusado de “abuso sexual con acceso carnal” y permaneció con prisión preventiva desde el inicio de la investigación. Fue condenado en junio de 2019 a 6 años de prisión, pero en el mes de septiembre el TIP declaró inválido ese pronunciamiento y dispuso que se sustancie un nuevo juicio. Cuando Aguerrido iconsiguió que Barabaschi aguardara el segundo juicio en libertad, denunció a la fiscala y a la jueza de Control porque restringieron ‘indebidamente la libertad personal’ del imputado.
Ante esta situación, la Asociación de Fiscales, que preside la fiscal piqunese Verónica Campo, publicó su descargo en Twitter, que expresa:
“La Asociación de Fiscales frente a la denuncia a uno de los miembros del Ministerio Publico Fiscal y a la mediatización de dicha denuncia, advierte un claro ataque a la autonomía de los fiscales y a la independencia judicial. Los dictámenes o pedidos de la fiscala A. Ruffini, como una de las partes del proceso, están siempre sometidos al control judicial y no tienen otro fundamento que el apego a la ley y los fallos previos que la interpretan. En este sentido, la posición adoptada por la fiscal, avalada por el querellante particular de la víctima y confirmada por la jueza de Control J. Cardoso, tenía apoyo en un fallo del Tribunal de Impugnación Penal y su confirmación por el Superior Tribunal de Justicia de diciembre de 2015, donde por un robo en despoblado y banda, después de 2 años y 2 meses de detención sin sentencia firme, se confirmó la continuidad de la prisión preventiva.
Ahora, con un cambio de criterio por parte del Superior Tribunal de Justicia, admitiendo un hábeas corpus para este imputado y frente a un delito contra la integridad sexual, sostuvo y ordenó la libertad del imputado por haber superado 1 año y 3 meses de detención.
Es claro que las motivaciones de la fiscala no fueron otras que garantizar el éxito de la investigación, pretendiendo que la libertad del imputado no entorpeciera el nuevo juicio, tal cual lo sostuvo en dicho sentido la jueza de Control y como era criterio sostenido en anteriores fallos del Tribunal de Impugnación y del Superior Tribunal de Justicia.
En dicho sentido, el mismo Superior de Justicia dijo: el respeto debido de la libertad individual no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad de adoptar todas las medidas de precautorias que sean necesarias, no solo para asegurar el éxito de la investigación sino para garantizar en casos graves que no se siga delinquiendo y que no se frustre la ejecución de una eventual condena por la incomparecencia del reo.
Se trata en definitiva de conciliar el derecho del individuo, de no sufrir persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente. La idea de justicia impone que el derecho de la sociedad de defenderse del delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro.
Por ello, advertimos de la denuncia y su mediatización, un ataque a la autonomía de los fiscales, a la independencia de los jueces y una muestra de la pretensión de desacreditar la función judicial”.
