Santa Rosa y Buenos Aires (2b) – El senador nacional por La Pampa, Daniel Lovera, presentó un proyecto de ley para que Argentina adhiera al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, adoptado en la última reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebró en 2019.
El senador pampeano explicó que “el convenio establece definiciones, ámbitos de aplicación, principios, políticas preventivas, formación y sensibilización para que puedan establecerse controles y recursos de reparación que permitan ejercer el derecho que toda persona tiene a trabajar libre de violencia y acoso, especialmente cuando media una razón de género”. Lovera consideró que “estamos avanzando para que, en el mundo del trabajo, se respete la diversidad y se erradiquen prácticas que, en muchos casos, provocan daños físicos, psicológicos, sociales y familiares. Tenemos el compromiso de lograr que se naturalicen, de manera práctica, derechos que no solo representan el marco de dignidad para tener un trabajo decente sino que ofrecen un beneficio colectivo del que disfrutamos todos”.
El proyecto “propone la adopción de un enfoque integrado e inclusivo que reconozca las consideraciones de género para abordar los factores de riesgo. Pone en valor el reconocimiento de la cultura del trabajo a través del respeto mutuo y la dignidad, haciendo imprescindible que todos estemos listos para prevenir la violencia y el acoso. Propone la adopción de un enfoque integrado e inclusivo que reconozca las consideraciones de género para abordar los factores de riesgo”.
La iniciativa incluye todos los ámbitos vinculados al trabajo, desde las comunicaciones internas hasta los mensajes alcanzados por las tecnologías de la información y la comunicación, desde los transportes (cuando son del empleador) hasta las zonas de recreación, pago o servicio. “Propone una cobertura integral en la aplicación de esta protocolización que necesita, claramente, decisión y acción política y responsabilidad social para que pueda aplicarse tanto en el ámbito público como en el privado”.
El dirigente piquense sostuvo que “la violencia y el acoso deben prohibirse legalmente, y la condición de género debe ser tratada de manera especial porque representa situaciones de vulnerabilidad. Las cámaras empresariales, los organismos del Estado y las propias organizaciones sindicales van a cumplir un rol fundamental para que estos procedimientos cuenten con autoridades de control y aplicación”.
Lovera sostiene que “el Estado debe adoptar o profundizar las leyes y las políticas que aseguren el derecho a la igualdad con una misión clara de erradicar la discriminación, tanto en el sector público como en el privado”. Agregó que “se han dado algunos pasos en lo que respecta a los derechos de las mujeres, a la garantización de la libre elección de género y a la conformación de un mundo laboral que es esencialmente diverso, pero aún es necesario profundizar estos pasos y a eso tiene que garantizarlo la política”.
Lovera expresó que “2020 será el año de consolidación de los derechos de las mujeres en Argentina; el ritmo de la realidad se ha hecho eco de los reclamos feministas que parecen más cercanos que nunca de ver la luz, tanto en prácticas que tienen que ver con la cotidianidad social de las relaciones interpersonales, como en el compromiso que debemos asumir desde los ámbitos deliberativos para que las leyes se aprueben y se apliquen. Protección, prevención y vías de recurso de reparación deberían ser los tres objetivos que nos fijemos, inicialmente, para trabajar las ideas y los fundamentos que plantea este convenio”.
