Santa Rosa (2b)- En las últimas horas la jueza Marta Cirulli dispuso la intervención del Correo Argentino, de la familia Macri, hasta que concluya el procedimiento de salvataje. Además, la jueza en lo comercial Cirulli dispuso el «desplazamiento total» de su directivos, según informó la agencia Télam. Las medidas habían sido solicitadas por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago acreedores.
A principios de febrero, la fiscal de Cámara Gabriela Boquin había pedido la intervención de la firma, tras señalar que «luego de más de quince años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del cramdown en primera instancia nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad ligados vaciamiento de la empresa y/o fueron efectuados violando” la Ley de Concursos y Quiebras. La fiscal recordó que el “cramdown” fue ordenado por primera vez en octubre de 2004, pero que nunca se concretó. En un dictamen posterior al de Boquin, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, adhirió a su planteo.
La empresa presentó la semana pasada un recurso extraordinario para evitar que se abra el salvataje, tal como ordenó en diciembre la Cámara Comercial. Se trata del procedimiento que obliga poner en venta las acciones y que una eventual compradora especifique cómo pagará las deudas. Si fracasara ese camino, el paso que sigue sería la quiebra, que debería ser asumida por la controlante, Socma (que posee actualmente las acciones de Sideco). El grupo Macri ahora intenta llevar otra vez la discusión a la Corte Suprema, que ya falló dos veces contra sus intereses.
El caso. Correo Argentino está en concurso de acreedores desde hace 18 años. La alternativa al salvataje sería la quiebra, un escenario más riesgoso para la ex familia presidencial porque podría implicar la extensión de la quiebra a Socma y Sideco, accionistas de Correo durante las últimas décadas. El abogado de Correo viene sosteniendo ante las consultas de este medio que la compañía quiere llegar a un acuerdo lo antes posible. En junio de 2016, los funcionarios de Macri habían acordado una quita del 98,87% a la deuda. El Estado dejaría de percibir más de $ 4.656 millones en intereses, a febrero de 2017, de acuerdo con el cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Ese año, la fiscal Boquin se opuso al acuerdo y Macri debió dar marcha atrás.
