Santa Rosa (2b)- La justicia pampeana confirmó las condenas a José Hernán Rodolfo Murray y Manuel Lautaro Santillán por el homicidio de Facundo Pérez -conocido públicamente como el «crimen de la alcaidía»-al considerar inadmisibles los recursos de casación presentados por sus defensores. La Sala B o Penal, firmaron esas resoluciones –excepto en una de ellas, donde el primero se excusó–, que consistieron en cinco declaraciones de «inadmisibilidad a recursos de casación» , además un rechazo in límite a otro recurso similar y un último rechazo a un recurso federal extraordinario
En el caso de Murray y Santillán, declararon inadmisibles las casaciones interpuestas por el defensor particular, Guillermo Barreto, y el defensor oficial, Martín García Ongaro, respectivamente. Ambos defensores cuestionaron el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación Penal, ratificando la sentencia condenatoria a prisión perpetua dispuesta por la Audiencia de Juicio de Santa Rosa, contra los imputados como coautores del delito de homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía.
Durante el juicio oral quedó acreditado que el 9 de septiembre de 2018, Murray y Santillán, dentro de una celda de la alcaidía de la Unidad Regional I, “actuando de modo conjunto, atacaron a Pérez, lo silenciaron e inmovilizaron, provocándole varias lesiones físicas, entre ellas un corte en el cuello que seccionó la vena yugular anterior y la vena comunicante del lado derecho, lo cual le produjo la muerte”.
Por su parte, Barreto dijo que los argumentos del TIP fueron “escuetos, arbitrarios y antojadizos” y pidió un nuevo juicio o la absolución de Murray. García Ongaro objetó la inexistencia de “un análisis crítico” del fallo, sostuvo que la acusación careció de pruebas objetivas que vincularan a Santillán con la “agresión letal”, y planteó que, en el peor escenario, su defendido debería haber recibido una calificación menos gravosa.
En este sentido, la Sala B afirmó que no hubo arbitrariedades en la resolución del TIP y que Barreto solo disintió con la valoración de la pruebas, sin desvirtuar las conclusiones de Impugnación. Agregó que la defensa pretendió que el STJ “reeditara la valoración de la prueba” cuando es algo que –a esta altura del proceso– está fuera de sus facultades.
Con respecto a García Ongaro, indicó que su postura era “entendible desde la óptica defensiva”, pero añadió que no existió la causal de errónea aplicación de la ley sustantiva, sino que lo que se pretendió fue “conmover la base fáctica (de los hechos) y de esa forma posicionar de mejor manera a su asistido”.
Por último, Díaz y Losi remarcaron que “el TIP individualizó en forma consistente la mecánica del hecho, describió los elementos empleados para sujetar (cable y buzo) y ultimar (armas impropias) a Pérez, y señaló las tomas positivas en los registros de ADN hallados en estas últimas”, correspondiéndose con las muestras de los imputados. Añadieron que el TIP explicó porqué correspondía declararlos coautores y ratificó que existió “un acuerdo de partes” para asesinar a Pérez.
