Santa Rosa y Buenos Aires (2b) – La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene en su poder la nómina de 950 cuentas bancarias de argentinos radicadas en paraísos fiscales en el exterior. La lista de evasores seriales había sido entregada al gobierno argentino por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el 2018, y ni siquiera se habían procesado los datos. En total se evadieron impuestos por un total de USD 2.600 millones.
Los inspectores de la Subdirección General de Fiscalización de la AFIP empezaron a evaluar antes de la cuarentena un paquete de información sobre cuentas financieras al que tenían acceso desde 2017 pero que la administración de Mauricio Macri había decidido no utilizar. El objetivo era ampliar la base imponible del impuesto a los Bienes Personales, el único tributo vigente que grava la riqueza, según informó Bae Negocios.
Mientras una parte del gobierno propone un tributo especial para costear la lucha contra el coronavirus y los efectos de la crisis económica que desató, el hallazgo cobra especial importancia. Los dueños de las cuentas podrían quedar alcanzados y hasta pagar penalidades.
Entre los titulares de las 950 cuentas que ahora descubrió la AFIP hay tres grupos: los que declararon bienes en el exterior en sus presentaciones de Bienes Personales por un monto inferior al que figura en la información recibida, los que no declararon bienes en el exterior y los que directamente no presentaron liquidación de Bienes Personales, como si sus patrimonios no llegaran a dos millones de pesos.
Quienes ocultaron a la AFIP la existencia de cualquier colocación en el exterior (los integrantes del segundo y el tercer grupo) son 700 argentinos con altos patrimonios. Sus tenencias suman U$S 2.000 millones. Lo que debieron pagar por Bienes Personales solo en el último año fiscal equivale a U$S 50 millones, un monto que equivale a 5.000 respiradores artificiales al precio al que los vende el mayor fabricante nacional, con planta en Córdoba.
Durante su último año, el gobierno de Macri no solo decidió no utilizar la información que puso a su disposición la OCDE para fiscalizar presuntas maniobras de evasión, sino que ni siquiera procesó los paquetes de archivos recibidos. Ahora la AFIP se propone fiscalizar a todos los contribuyentes para que rectifiquen sus declaraciones juradas y paguen los impuestos adeudados, aunque también podrían aplicárseles las nuevas tasas extraordinarias por la crisis, si se aprobaran.
