Santa Rosa y Buenos Aires (2b) – Los tres principales grupos de bonistas que concentran cerca del 50% de las tenencias de los bonos que el Gobierno pretende reestructurar rechazaron la oferta por la deuda, según informaron en forma conjunta en un comunicado.
El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Cambio de Argentina son quienes representan colectivamente un amplio y diverso espectro de tenedores de bonos soberanos de Argentina.
“Cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos y las instituciones que representan, junto con varios otros inversores, desean reiterar y dejar en claro que no pueden respaldar la oferta de intercambio recientemente anunciada por la República, y no entregarán sus bonos en dicha oferta, porque, entre otras razones, los términos requieren que los tenedores de bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias”, indicaron en un comunicado.
“Sin embargo, cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos está preparados para discutir constructivamente con Argentina cuando su gobierno esté listo para hacerlo, con el objetivo común de encontrar una solución viable a los desafíos financieros actuales de la República”, agrgaron..
Si bien el plazo para la respuesta de los bonistas expira el viernes, esta decisión complica las negociaciones. El jefe de gabinete Santiago Cafiero, aseguró que la oferta argentina a acreedores extranjeros no se modificará. «Nosotros presentamos la oferta de buena fe, que es el compromiso que podemos cumplir y que constituye sostenibilidad en el tiempo», dijo.
En diálogo con Radio La Red, Cafiero indicó esta mañana que «la deuda era insostenible» y que el Gobierno nacional está haciendo «una reestructuración y un replanteo para que sea posible su cumplimiento» y dejó claro que la «oferta es la que se hizo» y que «de nada sirve hacer una oferta que luego no se pueda cumplir».
En ese mismo sentido, todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, con excepción del puntano Alberto Rodríguez Saá, firmaron una solicitada publicada hoy en apoyo al gobierno nacional en el proceso de reestructuración de la deuda externa.
Se trata de la deuda emitida en divisas bajo legislación extranjera, por un monto estimado en alrededor de US$ 67.000 millones.
En el texto, difundido de cara al vencimiento del plazo para que los bonistas acepten o rechacen la oferta, previsto para el viernes, los mandatarios destacaron la necesidad de «hacer el mayor esfuerzo posible y dar todo el apoyo para que Argentina pueda redefinir sus compromisos de forma sostenible de modo de poder cumplir con sus obligaciones y evitar la cesación de pagos o default”.
En ese sentido, los gobernantes -de distinta extracción política- reafirmaron que “en un contexto mundial adverso y de alta incertidumbre por el impacto del COVID-19, la República Argentina procura ante la comunidad internacional un plan de pagos sustentable y creíble, hecho con seriedad, en base a la capacidad de pagos del país, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, desterrando cualquier tipo de especulaciones”.
La solicitada está firmada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones).
También por Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán).
El único que no firmó este respaldo al gobierno nacional por la renegociación de la deuda externa fue el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.
En otro apartado del texto, los mandatarios señalaron su «responsabilidad es construir un gran consenso político, económico y social que nos permita cerrar con los desencuentros del pasado para lograr una Argentina unida en base a las políticas de Estado que perduren para las futuras generaciones”.
