Santa Rosa (2b) – Los diputados provinciales de la UCR realizaron un pedido de informe al Superior Tribunal de Justicia sobre los pedidos de excarcelaciones por riesgo de COVID 19 en nuestra provincia y como se resolvieron. Ahora serán los jueces de ejecución penal los que deban brindar esos detalles.
La solicitud de los legisladores de la Unión Cívica Radical se presentó “ante las excarcelaciones producidas en otros distritos con la preocupación que genera en las víctimas de delitos y en la sociedad en general”, según indicaron en un comunicado.
La intención refiere a quienes alegaron “ser personas de riesgo respecto al COVID 19” y solicitaron “la posibilidad de cumplir prisión domiciliaria de aquellas personas privadas de su libertad en establecimientos carcelarios, ya sea en cumplimiento de condenas o prisiones preventivas”.
Citaron una acordada de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que ha recomendado a los jueces del fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires “que extremen los recaudos para coadyuvar a la más pronta disminución de la sobrepoblación carcelaria. En ella aconseja la adopción de medidas alternativas a la prisión o de morigeración de la prisión preventiva con o sin monitoreo mediante un dispositivo electrónico”.
Aclararon que dicha acordada sólo tiene incumbencia en el fuero federal pero que ha generado una catarata de resoluciones judiciales por parte de los juzgados de ejecución en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires porque “provoca preocupación en las victimas de diferentes delitos, al ver vulnerados los derechos plasmados en la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, entre ellos el de escuchar su opinión ante la solicitud de medidas de este tipo”.
Ahora, la información deberá ser brindada “por intermedios de los jueces de ejecución penal de la provincia, Dr. Martín O. Saravia y Jorge M. Pascual”. La respuesta deberá contener “la situación en nuestro territorio en cuanto a solicitudes de pedido de prisión domiciliaria con el fundamento de ser personas de riesgo para el virus COVID 19; delito que se le imputa o por el que fue condenado el solicitante; y la resolución en cada caso particular y si la misma se encuentra firme”.
