Santa Rosa (2b) – En las próximas horas, el Gobierno Provincial hará una ampliación de la demanda ambiental frente a la Corte Suprema de Justicia. Desde el Estado pampeano buscarán seguir frenando el proyecto de la megaobra Portezuelo del Viento hasta que se realice el estudio de impacto ambiental en toda la cuenca del Rio Colorado.
En rigor, lo que hará La Pampa es agregar documentación y continuar aportando pruebas a la presentación ya realizada ante el máximo tribunal del país. Entre otras pruebas, la votación del Consejo de Gobierno del Comité Interprovincial del Río Colorado (COIRCO), que ordenó un estudio de impacto ambiental integral, y el estado en el que se encuentra el río.
El objetivo es que se suspenda la construcción de la represa hasta tanto esté terminado el estudio de impacto ambiental integral. Incluso en Casa de Gobierno se estaría analizando la posibilidad de hacer una presentación para impedir la licitación de Portezuelo, prevista para los primeros días de julio. Ese paso aún no fue confirmado.
Estas medidas son parte de la nueva estrategia para defender el río Colorado que definió este lunes 29 el gobernador Sergio Ziliotto, junto a sectores involucrados en la defensa de los ríos pampeanos.
La decisión de ampliar la demanda en la Corte es porque Mendoza, pese a la decisión del Consejo de Gobierno de COIRCO de pedir un estudio de impacto ambiental para evaluar el proyecto de la represa Portezuelo del Viento, sigue adelante con el proceso licitatorio de la megaobra. Y, al mismo tiempo, pidió activar el mecanismo de solución de diferendos que podría terminar en un laudo presidencial.
A su vez, el gobernador mendocino Rodolfo Suárez este lunes mantuvo una reunión con legisladores nacionales del oficialismo, para analizar alternativas. La decisión de seguir adelante fue respaldada por los legisladores nacionales y el viernes, se confirmó, se recibirán las ofertas de los consorcios interesados en construir la represa. La obra, prevista para comenzar a fin de año, se hará sobre el río Grande -principal afluente del río Colorado- y le dará trabajo a 10.000 personas, según estiman en el gobierno de Mendoza.
Tiene un costo de mil millones de dólares –que ya se han empezado a desembolsar por Casa Rosada-. Se realizará con fondos nacionales porque es parte del acuerdo al que llegó la Nación con la provincia por los perjuicios sufridos, décadas atrás, por la promoción industrial.
Tiene un plazo de ejecución de cinco años y apuesta a lograr una potencia instalada de 210 MW, capaz de abastecer de energía a 130.000 usuarios, cuatro veces más de lo que genera el dique Potrerillos, que es hoy el más grande de Mendoza.
