Santa Rosa y Buenos Aires (2b)- “Si van por la industria de Santa Fe pueden ir por cualquier PyME o empresa de La Pampa”, lanzó de manera alarmista el diputado nacional del PRO La Pampa, Martín Maquieyra, sumandose a la preocupación del bloque de Diputados Nacionales de Juntos por el Cambio, que se manifestó en contra de la intervención por parte del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, de la empresa Vicentin S.A.
En ese marco, Maquieyra, se refirió al respecto resaltando la inconstitucionalidad del hecho ya que la intervención debería ser realizada por un juez, no por el Poder Ejecutivo.
La ley de Sociedades Comerciales dispone que la intervención a una empresa solo puede ser pedida por los propios socios, el síndico o eventualmente el órgano de fiscalización externo y resuelta por un juez. La norma tiene que ser interpretada de forma restrictiva por afectar el derecho de propiedad y libertad establecidos en la Constitución Nacional.
“Estamos muy preocupados por esta medida que tomó el Gobierno Nacional. Realmente es un abuso de autoridad y una falta a la Constitución Nacional. Como dice el artículo 109 de la Constitución, en ningún caso el Poder Ejecutivo puede hacer uso de su poder para ejercer funciones judiciales”, manifestó Maquieyra.
El comunicado de Juntos por el Cambio detalla que “dicha acción viola de manera flagrante nuestra legislación tal cual lo detallamos en la denuncia que está a disposición de la ciudadanía”. El Estado no puede intervenir una empresa privada, realizando facultades específicas del poder judicial y no respetando la división de poderes. Maquieyra agregó que “los alcances de este DNU son inimaginables. El 90% de las empresas está pasando por situaciones financieras difíciles y con este argumento el Presidente de la Nación podría apuntar contra cualquier empresa que esté pasando por una situación adversa. Es la empresa Vicentin S.A. quien debería hacerse cargo de sus acciones, de los resultados de su gestión y de los acreedores en el ámbito del concurso en el que estaba”.
“Esta medida atenta contra todas las industrias ya que si van por esta empresa de Santa Fe podrían ir por una frigorífico, una metalúrgica, una distribuidora o cualquier PyMe o empresa de La Pampa. Pero también debemos tener en cuenta que el Estado pagará esta deuda millonaria con la plata de todos los argentinos. La acción que tomó el Gobierno de Alberto Fernández es un abuso de poder, es inconstitucional e ilegal. Es una violación directa a los principios de la República y la sociedad nos llama a ser los defensores de la misma. No vamos a permitir que se lleven puesta la Constitución ”, finalizó Martin Maquieyra.
