Buenos Aires (2b) – Por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente Alberto Fernández anuló la intervención y expropiación de la firma Vicentín. La medida fue anunciada por el Presidente en su cuenta de Twitter, donde reclamó que “el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”.
“Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, explicó el Presidente a través de Twitter.
De esta manera, el Presidente volvió a cargar contra la cúpula de accionistas de la firma agroexportadora y contra “el juez interviniente en el concurso, que no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”, resaltó Fernández en las redes sociales mientras en la Secretaría Legal y Técnica terminaban de pulir el decreto que será publicado en las próximas horas.
Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. pic.twitter.com/TEilNynB8T
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
Además, sostuvo que la intención del Gobierno “siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo”. Sin embargo , indicó que se deben investigar “las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”.
Fernández consideró que la intervención por 60 días “era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”
“En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, aclaró.
Por último, contó que dio instrucciones a todos los organismos públicos involucrados “para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.
