Santa Rosa y Buenos Aires (2b) – La pandemia planteó un escenario complicado y desconocido para la economía mundial y Argentina también cayó en la volteada. Es por eso que el presidente, Alberto Fernández, está proyectando una serie de cambios profundos de diversas índoles. Ante la preocupación, el presidente espera los resultados positivos del AMBA con el objetivo de flexibilizar la cuarentena en todo el área y así, por fin, volver a iniciar la actividad económica para poder afrontar la crisis que el país está sufriendo.
Lo habló con los gobernadores, con empresarios y sindicalistas que lo acompañaron en la foto de la Quinta de Olivos durante el acto del 9 de julio y, probablemente, vio necesario que se filtre parte de esa información después del banderazo de la tarde de ayer. En el paquete que presentará, entre otras cosas, cambios para la Corte Suprema de Justicia.
La lista de iniciativas, que se sumarán a las anunciadas estos días y ya enviadas al Congreso como la moratoria Impositiva, incluye cinco grandes temas: blanqueo de capitales, reforma previsional, reforma judicial que incluye una posible reforma de la Corte, Ahora 18 y un paquete de medidas de reactivación económica.
Desde el inicio de su gestión el Presidente propuso una reforma judicial. El jefe de Estado pidió que en los próximos diez días esté listo y remitido al Congreso. Se busca, dijeron en su entorno, el “reordenamiento” de la justicia federal justo en la previa de la reactivación de las causas que involucran a la ex presidenta y ahora vice, Cristina Kichner. Aunque también la gestión del gobierno de Mauricio Macri está bajo la mirada del Poder Judicial.
El proyecto del Presidente será acompañado por un decreto para la creación del Consejo de Mejoramiento de Calidad Institucional, similar al Consejo de Consolidación de la Democracia que creó Raúl Alfonsín en 1985. Estará conformado por un grupo de juristas notables, de diversas ideologías. Y tendrá un plazo de 60 días para hacer propuestas que van desde los juicios por jurados a la composición de la Corte Suprema de Justicia. También se habilitará el debate de recursos extraordinarios y del Ministerio Público.
Si los plazos se cumplen de esta manera, recién después de septiembre las propuestas de ese Consejo serían enviadas por el Presidente al Congreso.
Otra medida será el Ahora 18, la nueva versión del programa Ahora 12 es una señal para la clase media, la más golpeada por la crisis económica que profundizó la pandemia y el posterior aislamiento social y obligatorio. El plan para la compra a través de un sistema de 18 cuotas incluye también tres meses de gracia de manera que lo que se compre este mes se comenzaría a pagar en noviembre. La cuota 18, en ese caso, se saldaría en abril de 2022. En análisis también está la posibilidad de que esas compras tengan una devolución total o parcial del IVA. Los objetivos son dos: mejorar el humor de aquellos cuya economía familiar quedó golpeada y reactivar el consumo interno y el comercio.
Por otro lado, tambien habría un plan para el blanqueo de capitales. La semana pasada el Gobierno presentó una moratoria impositiva que ya fue enviada para su tratamiento al Congreso. Varios gobernadores prometieron acompañar con los votos de los diputados de sus provincias. Sin embargo el Ejecutivo estaría dispuesto a anunciar un nuevo blanqueo para repatriar capitales que se inviertan en sectores de gran generación de empleo, cómo por ejemplo, la construcción.
El Presidente también piensa plantear un plan para dinamizar la economía. Conversó varias veces en los últimos días con los gobernadores del oficialismo y la oposición. Les propuso impulsar el crédito en todo el país y acompañar con apoyos segmentados según las necesidades de cada región. La propuesta de regionalización, sobre la que trabajan desde Economía, a Producción y Desarrollo Social, además del ministerio de la Vivienda, divide al país en cinco zonas: noreste, noroeste, centro, litoral y zona cuyana.
Para el NOA y el NEA se anunciaría una reducción en las cargas patronales, beneficio que fue eliminado por Mauricio Macri durante la gestión de Cambiemos. También podrían estudiarse los aranceles de exportación de los productos sensibles de cada zona, con el objetivo de reactivar la industria y que reabran fábricas que tuvieron que cerrar. En esa línea, ya se trabaja en cambios a la ley de concursos de acreedores.
Por otro lado, el Gobierno se encuentra trabajando con el Congreso en una nueva fórmula para calcular los haberes previsionales. Una comisión bicameral se reúne todos los lunes para discutir la fórmula después de que se suspendiera en diciembre la ley votada en el macrismo. Participan los ministerios de Economía y Trabajo y la ANSES.
En los próximos días se presentaría el proyecto de reforma que deberá votar el Congreso. Después de las críticas de la oposición por la prórroga del decreto presidencial que estableció los últimos aumentos, el objetivo del Poder Ejecutivo, según dicen, es que el aumento previsional de septiembre se pague ya con esa nueva fórmula. Es decir que antes de septiembre debería votarse la ley.
El Presidente “no quiere seguir dando aumentos por decreto”, argumentan cerca suyo. A contramano de algunos reclamos, aseguran que los jubilados le están ganando a la inflación y que debe contabilizarse a su favor la entrega de medicamentos sin costo. Ese beneficio, sostienen, “equivale al 25% de sus ingresos”.
