Santa Rosa y Buenos Aires (2b) – La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal fue aceptada como querellante en la causa penal por el presunto espionaje ilegal a dirigentes oficialistas y opositores durante el gobierno de Mauricio Macri. Fuentes judiciales informaron que el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena le dio ese rol que le permitirá tener acceso al expediente.
Así, Vidal se suma a otros dirigentes de Cambiemos que son querellantes y que fueron espiados. El primero fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y luego se sumaron el vicefeje Diego Santilli y los ex diputados Emilio Monzó, Waldo Wollf Nicolás Massot. Todos ellos se presentaron en el juzgado de Lomas de Zamora en donde se les mostró la prueba del espionaje en su contra.
El caso de Vidal es distinto. Todavía no fue al juzgado a ver la prueba porque está en cuarentena después de dar positivo de coronavirus. Pero su abogado, Mariano Mendilaharzu, se presentó y pidió ser querellante. Es el rol de acusador privado que permite ser parte de la causa, tener acceso a la prueba, opinar sobre los planteos que se hacen y pedir medidas como citaciones de testigos y acusados.
Junto con Vidal, el juez Villena también aceptó como querellantes a otras cuatro víctimas: el sindicalista Ramón Muerza, el vocero de la organización Tupac Amuru en Buenos Aires, Alejandro Garfagnini, y el dirigente social de Barrios de Pie Daniel Menéndez.
“Todos ellos en su calidad de víctimas de los hechos bajo pesquisa en las presentes actuaciones y toda vez que su presentación se ajusta a las condiciones a las que alude el art. 82 del Código Procesal Penal de la Nación, en función de los artículos 79, 80 y 81 ibídem (conforme ley 27.372), tiéneselos como parte querellante”, resolvió el juez.
Vidal fue víctima pero un funcionario de su gobierno está siendo investigado. Es Alex Campbell, el ex subsecretario de Asuntos Municipales de Buenos Aires y actual diputado provincial. Campbell aparece en un chat con Leandro Araque, uno de los ex agentes de la AFI acusados: “Hola, Alex. ¿Cómo estás? Te molesto porque recién salgo de ver a Susana Martinengo y hablamos sobre cosas que me dijo, estaría bueno que las hable con vos”. Martinengo, ex funcionaria de Cambiemos que coordinaba un área de Documentación Presidencial en la Casa Rosada, es una de las detenidas que tiene el caso. Aparece en diálogos con ex agentes de la AFI hablando sobre información recolectada por ellos.
La lista de querellantes se completa con la vicepresidenta Cristina Kirchner, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, el ex intendente de La Plata Pablo Bruera, el obispo Jorge Lugones, los empresarios Fabián De Sousa y Gerardo Ferreyra y el ex funcionario del Ministerio de Planificación Rafael Llorens.
En la causa se investiga un presunto espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri que se hizo con seguimientos, fotografías, grabaciones y dossiers de las víctimas, todas de alto perfil político y sobre la que ninguna había una orden judicial para investigarlas. La información se obtuvo de dos grupos de whatsapp -”Super Mario Bross” y “Argentina”- que usaban los agentes y en el que volcaban los documentos del espionaje que hacían.
El juez Villena ordenó el martes la detención de 22 personas, entre ellas Martinengo y Araque. Todos están presos excepto Martín Terra, ex agente de la AFI y ex marido de la empresaria Analía Maiorana, actual pareja de Santilli, una de las víctimas. Su defensa pidió la exención de prisión para poder seguir en libertad mientras dure la investigación, lo que debe ser resuelto por el juez.
En la causa también fue allanado Darío Nieto, secretario privado de Macri, a quien se le secuestraron teléfonos y computadoras.
Los detenidos comenzaron a ser indagados ayer y las audiencias continúan desde la mañana de hoy y seguirán mañana. Los acusados decidieron hablar sobre la acusación en su contra y pidieron sus libertades. La fiscal del caso, Cecilia Incordona, dictaminó para que las mujeres detenidas continúen bajo prisión domiciliaria.
