General Pico (2b) – Directivos de Génova S.A. mostraron su desconcierto y disconformidad con la clausura impuesta por la Municipalidad al taller de la concesionaria. Afirmaron que contaban con toda la documentación para trabajar con automóviles afectados a servicios esenciales, respetaron los protocolos y por lo tanto consideran que la sanción “no tiene fundamento alguno”.
El taller de Génova, ubicado en calle 9 casi esquina 120 y perteneciente al Grupo Resasco, fue clausurado el pasado lunes por la mañana porque supuestamente sus mecánicos trabajaban sobre un rodado que no estaría afectado a un servicio esencial, en el marco de un operativo del que participaron policías, personal municipal, Fiscalía y Relaciones Laborales. Desde la empresa contradicen lo actuado por las autoridades.
Cuando policías de la Tercera llegaron al lugar, tras el supuesto llamado de un vecino, se encontraron con los trabajadores que reparaban tres vehículos. Según detallaron desde Génova, uno de ellos pertenecía a una persona vinculada con la producción agropecuaria, otro de los rodados pertenecía a una persona afectada al transporte de personas con discapacidad. Sobre estos dos se presentaron los documentos correspondientes y no hubo objeciones.
El rodado que derivó en la clausura fue el “perteneciente a un médico del Hospital Gobernador Centeno, el cual requería del mismo para poder concurrir a su lugar de trabajo y dirigirse a algún domicilio o centro en caso de urgencia”. Los titulares del taller también revelaron que el médico en cuestión se encontraba a la espera de su auto cuando llegaron policías y funcionarios municipales.
Génova S.A. aclaró que presentó todos los permisos requeridos en la inspección, gestionados ante los organismos oficiales y que encuadra la actividad en “mantenimiento y emergencias de servicios básico (agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, internet, y servicios digitales, combustibles) reparación y mantenimiento de vehículos afectados a tareas o servicios básicos”.
En tal sentido, el grupo empresarial remarcó que “por lo que la actividad que realizaba el taller, se encontraba totalmente amparada por la normativa provincial”. Mientras que “los vehículos ingresados también se encontraban debidamente comprendidos en el decreto referido, por encontrarse afectados a las actividades exceptuadas”.
También observaron que “el personal se encontraba realizando los protocolos necesarios, para evitar la propagación del COVID-19 (distanciamiento social, ventilación, uso de alcohol en gel, uso de tapabocas, etc.).
Por lo expuesto en el descargo, desde la firma aseguraron que “no se encuentra fundamento alguno a la sanción impuesta y haber provocado un perjuicio al nombre y honor de la empresa, es por ello que tenemos la necesidad de aclarar la situación y se presentó el descargo pertinente al organismo que arbitrariamente dispuso la medida”.
Cabe recordar que, si se ratifica la clausura, se haría efectiva por cinco días hábiles a partir del momento en que se levante la cuarentena. Por otra parte, el mismo director de Habilitaciones y Control de Comercio, Gabriel Martín, admitió ante los medios que la empresa presentó la documentación que los habilitaba a trabajar y sobre el automóvil cuestionado (para uso de una persona afectada a un servicio esencial), pero indicó que no había forma de confirmar si el médico utilizaba o no el rodado para casos de “emergencia y urgencia”.
