Buenos Aires (2b) – El Gobierno decretó que no habría desalojos, ni aumentos de alquileres hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, las entidades que representan a los inquilinos reclamaron que se extienda hasta marzo del año que viene el plazo.
La fecha límite, según el decreto presidencial firmado en el comienzo de la cuarentena, es el 30 de septiembre. Las entidades argumentan que se produjo un grave deterioro en la capacidad de pago del alquiler. Según la encuesta que realiza la Federación de Inquilinos, en agosto un tercio de las personas que alquilan tienen problemas para pagar los gastos de vivienda.
El decreto 320, sancionado el 29 de marzo, estableció una serie de derechos en favor de los inquilinos en el marco de la cuarentena y la pandemia. La norma definió la suspensión de los desalojos en todo el país y el congelamiento de los precios de los alquileres según el precio abonado en marzo. La diferencia en el precio de alquiler pagado y el que regiría con los aumentos se abonaría en cuotas a partir de octubre. Además, estableció la prórroga de contratos para aquellos cuyo vencimiento operaba a partir del 20 de marzo. Las medidas tienen como vencimiento el 30 de septiembre.
Adicionalmente, a finales de junio se sancionó la ley de alquileres, número 27.551, que entre otras cosas reemplaza el aumento semestral por ajustes anuales, que se realizan en torno a una fórmula compuesta por la evolución de los salarios y la inflación medida por el Indec. Además, el plazo mínimo de contrato se amplía de dos a tres años.
Durante estos meses, el decreto presidencial tiene un impacto mucho más potente que la ley, porque ésta última afecta a los nuevos contratos, que fueron menores a lo habitual en el marco de la cuarentena y con la prórroga automática definida por el decreto. Desde la Federación de Inquilinos advierten que “hay 400 mil hogares que acumulan deuda de hasta cuatro meses. El desalojo masivo está frenado por el decreto”.
Fernando Muñoz, a cargo del área del Inquilino de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, explicó que .“Las inmobiliarias presionan para no prorrogar los contratos y que entonces se tenga que firmar un nuevo contrato, lo cual es muy favorable para el propietario, que allí puede fijar nuevos precios. Los reclamos de inquilinos aumentaron un 50 por ciento en julio con respecto a marzo y la mitad de las quejas están vinculadas a incumplimientos del decreto”, agregó Muñoz.
En una línea similar está la encuesta organizada por la Federación de Inquilinos, que marca que el 90 por ciento de los consultados dice que no se respeta el decreto o la nueva ley.
«El decreto se tiene que prorrogar porque empodera al inquilino y es fundamental: si no se prorroga habría una montonera de juicios de desalojo. Son muchas las consultas por imposibilidad de pagar el alquiler. Pero sería importante que se defina un organismo de aplicación. Debe haber un organismo gubernamental determinado que vele por el cumplimiento», advierte Muñoz.
