Buenos Aires (2b) – La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó hoy una nueva denuncia penal ante la Justicia Federal vinculada con compras y contrataciones por parte del organismo, y pidió que se cite a indagatoria al expresidente Mauricio Macri.
En su denuncia Caamaño encuadró los hechos en los delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de funcionario público.
Además de sugerir una batería de medidas probatorias, la presentación solicita que se cite a prestar declaración indagatoria al expresidente Macri, en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional.
También se pide la indagatoria del exdirector general del organismo, Gustavo Arribas, y de la ex subdirectora general, Silvia Majdalani.
En su denuncia, la interventora Caamaño indica que estas maniobras supuestamente fraudulentas ocasionaron al erario público un perjuicio de alrededor de US$ 1.430.000 y $ 33.309.880.
Si se suma esta denuncia a las dos presentadas durante el mes de agosto, la AFI solicitó a la justicia que se investiguen compras y contrataciones «por un total de US$ 2.203.641 y $ 47.198.824», partidas ejecutadas por la anterior gestión del organismo.
La denuncia presentada hoy recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8.
Según explicó la AFI en sus presentaciones judiciales, «los hechos puestos ahora en conocimiento de la justicia se configuraron bajo la vigencia del decreto 656 del 6 de mayo de 2016 que, entre otras cuestiones, derogó el régimen de administración de fondos y declaró `secreto´ a la totalidad de los recursos de la Agencia”.
Según surge de la denuncia, “posteriormente, el entonces director general de la Agencia dispuso que todas las compras del organismo sean directas y secretas».
En este sentido, se pide que se investigue la contratación de un software llamado “Open Mind” a través de “una orden de compra por US$ 1.000.000 y luego, al mes siguiente, otra por US$ 127.000 en concepto de renovación anual, todo ello sin jamás solicitar un precio testigo a la Sindicatura General de la Nación”.
Otro de los hechos denunciados tiene que ver con la contratación de un software de gestión de expedientes jurídicos, en diciembre de 2016, por medio de un expediente de contratación directa del que surge que resultó adjudicataria la firma One Finger S.A.
«A pesar de la ausencia de un circuito de conformidades o controles previos, se emitieron hacia esa sociedad comercial órdenes de compra por un total de $ 3.180.485, cifra que se ubica un 36% por encima de la propuesta de otro oferente que resultó desestimado», se indica en la denuncia.
Por último, la presentación describe el acto administrativo mediante el cual se llevó adelante la compra directa de Licencias de Bases de Datos (Oracle) a la firma Preteco S.A., por un total de $ 30.129.395.
En base a su presunta responsabilidad en los hechos descriptos, también se requirió la indagatoria del exdirector de la Dirección de Gestión Económica y Financiera; del extitular de la Dirección de Tecnología de la Información; de un exasesor del director general; y del exdirector operacional de Ciberinteligencia.
«Establecer unilateralmente la totalidad de compras con carácter de secretas, es una licencia ilegítima para disponer de recursos públicos sin límites, sin ley, control, transparencia ni competencia empresarial”, se indica en el texto presentado en la Justicia por la AFI.
Según la denuncia, estas transacciones produjeron «un perjuicio concreto y serio a las arcas del Estado y un detrimento a la sociedad».
