Santa Rosa (2b) – El martes, el Concejo Deliberante de Santa Rosa recibió a vecinos del barrio Butaló para avanzar en reclamos por las obras cloacales ejecutadas en dicho vecindario bajo la gestión de Luis Alberto Larragaña. En el organismo municipal, los recibieron los concejales Pablo Pera y Claudia Giorgis del FrePam; Fabiana Castañiera de Comunidad Organizada; y Marcelo Guerrero de Propuesta Federal. La reunión se dio en el marco del pedido de los vecinos, representados por Walter Bernal, Juan González y Néstor Cavassa, y su defensor Dr. Omar Gebruers, de participar en la Comisión de Obras Públicas del Concejo por los trabajos de renovación cloacal en 2014. «Este es un asunto que trasciende los colores partidarios y no es su intención reproche alguno en tal sentido, sino procurar una solución a su problemática que desde hace tiempo, y con innumerables signos ha quedado fehacientemente demostrado». expresaron los represantates de la barriada.
Con detalle pormenorizado y asistidos por material audiovisual, los vecinos relataron los elementos probatorios delatores del daño sufrido como consecuencia de la obra del año 2014 de recambio de cañería cloacal llevada a cabo por la empresa del Sr. Jubete, que ya se hayan incorporada a la causa y algunos otros cuyo material quedó a disposición del municipio. El vecino, Walter Bernal, fue claro al definir la situación demostrando las penurias que sufrieron y aún sufren las y los residentes de la zona que deben ser reconocidas y resarcidas.
Para dar mayor detalle, los vecinos testimoniaron que transcurridos algunos meses de aquella obra comenzaron la multiplicación de hechos que reflejaban la deficiente conexión cloacal. A raíz de ello se movilizaron las y los vecinos cursando incontables reclamos al municipio demostrando fallas en el sistema de evacuación cloacal.
La causa ventilada en la justicia federal encontró un llamativo parate con el auto que dictó la falta de mérito respecto a los imputados, exhortando al fiscal a la presentación de mayores indicios probatorios para que pueda ser elevada a juicio. La evaluación realizada por el juzgador fue calificada por los damnificados como incongruente con el material que se había aportado, en tal sentido se remarcó que las imágenes son más que elocuentes, tanto de la mala praxis de la obra, como de los daños que la misma ocasionó.
También tomó la palabra el Dr. Omar Gebruers, quien acompañó a los vecinos que lo han consultado por esta causa manifestando que se han probado todos los extremos sugeridos en la causa y que de ello debería haberse dictaminado la elevación de causa a juicio. Al respecto repasó que «en primer término, la obra no fue ejecutada en su totalidad, pero fue cobrada como si ello efectivamente hubiese sucedido, con este acto se demuestra el ardid o engaño del empresario contratado por el hecho de haber cobrado una certificación sabiendo que correspondía a trabajos que no había realizado».
Así mismo destacó que «un pliego de contratación de obra pública regula las relaciones entre el estado y las empresas contratantes, y a él deben someterse como a la ley misma, porque tiene la misma naturaleza jurídica entre las partes. Nunca, por voluntad posterior, se puede modificar la estructura central de un pliego, que en este caso consistía en el recambio de cañería central y reemplazo de cada una de las acometidas domiciliarias».
En la causa se dijo por los imputados que por órdenes verbales decidieron – ilegalmente acotó el abogado- no llevar a cabo el recambio de las acometidas como marcaba el pliego, con todo el daño que luego ello generó. Este hecho roza la lisa confesión de culpabilidad. Los beneficios de no hacer las acometidas domiciliarias hasta un metro de la línea municipal eran muchos, ahorro de trabajo humano, materiales, no se hicieron las remociones de tierra, tampoco la colocación de asfalto en su lugar; redundando todo esto en un beneficio por ahorro de costos. Pero esto no es todo, a este accionar lo acompañó el accionar displicente de la inspección de obra que certifico tareas que no fueron llevadas a cabo, entonces cabe la pregunta de qué era lo que en verdad observaba el inspector. De hecho en la causa, el inspector de obra afirmó que estaba en Canadá cuando con su supuesta firma, que no reconoce totalmente, se hacen las certificaciones. Ciertamente era imposible que constate personalmente el avance de obra. Pero ello no le pareció relevante al magistrado. El letrado concluyó su exposición afirmando que la ausencia de represalias por actuar ilegalmente parece alentar a que estas experiencias se repitan en el futuro. Es por ello que resulta tan importante agotar por todas las vías disponibles, los mecanismos de reparación.
En el marco de que la Municipalidad de Santa Rosa mantiene su rol como querellante, los vecinos solicitaron a los Concejales presentes su intervención al respecto.
Atento a ello y luego de un interesante intercambio de ideas se barajaron diferentes acciones a fin de instar al Ejecutivo Municipal a que actúe en la causa en defensa de los vecinos y del Estado Municipal. Se resolvió – entre otras medidas – elevar en conjunto vecinos y concejales todo este material y solicitar reunión con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad para que en su rol de querellante lo eleve al Fiscal en cuyas manos continúa la investigación con miras a conseguir el reconocimiento del derecho diezmado por el mal accionar de los acusados.
