Buenos Aires (2b) – En los primeros minutos del viernes, la Cámara de Diputados ratificó el Acuerdo Regional de Escazú, que establece garantías sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Uno de los que participó en la sesión fue el pampeano representante del Frente de Todos, Hernán Pérez Araujo, quien defendió el acuerdo, pero cuestionó a sus pares por no darle voz al reclamo de La Pampa en relación a la lucha por el Río Atuel.
“En la provincia de La Pampa, por acción antrópica, se han desertificado un millón y media de hectáreas en los últimos 70 años”, comenzó al tomar la palabra el representante pampeano en el Congreso de la Nación.
En ese sentido, Pérez Araujo se mostró molesto con sus pares por no acompañar el reclamo de La Pampa para la restitución del derecho fundamental del agua en la sesión -fundamentalmente en esta ya que se trataba un acuerdo de índole mundial referido a la información y protección del medioambiente-.
“Lamento y lo digo con cierta pena, que ninguno de los diputados propinantes haya hecho mención de eso tal vez porque somos una provincia chica y no podemos nacionalizar la causa desde la cuestión mediática”, expresó el funcionario.
Además, aseguró que “se necesita un cambio de paradigma constitucional en el pro que estamos trabajando para que llegué a los operadores y a los que tienen que tomar decisiones para que el verdadero acceso a la justicia sea plasmado y pueda ser puesto en práctica”.
La sesión fue seguida desde los palcos por activistas ambientalistas, cuya participación para lograr la ratificación fue reconocida y celebrada por diputados en sus discursos.
Con la votación, Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el texto adoptado en 2018 en el distrito costarricense de Escazú por 22 países de la región. El texto -formalmente denominado por Naciones Unidas como Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe- sólo entrará en vigencia cuando obtenga la ratificación de 11 de los estados firmantes.
«La ratificación de este instrumento era una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental”, celebró el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien también destacó el compromiso de los militantes ambientalistas. La ratificación, añadió en un comunicado oficial, es «de suma importancia» porque «se trata del acceso a la información y la participación pública, y repara en el acceso a la Justicia ante determinadas circunstancias». «Con Escazú, como sucedió con la ley de cambio climático, cumplimos con una demanda muy justa y creciente de la sociedad y de los jóvenes en particular”, evaluó.
El Acuerdo «parte de la premisa de asegurar la protección del medio ambiente y los derechos humanos en un modelo de desarrollo sostenible», definió durante la sesión Eduardo Valdés, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, al abrir el debate.
«Otro objetivo fundamental es luchar contra la persecución que sufren los defensores ambientales. América latina ostenta el triste récord de haber sido la región del planeta donde en 2019 se produjeron la mayor cantidad de asesinatos de líderes ambientalistas”, definió durante el debate la diputada Brenda Austin.
La iniciativa, que el 13 de agosto había sido aprobada por el Senado, fue aprobada por los votos de 240 diputados de distintos espacios partidarios (Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y bloques provinciales). En la votación hubo también cuatro votos en contra y dos abstenciones.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El tratado garantiza el acceso «a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales».
Además, propone la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible.
La ratificación obliga al Estado parte a garantizar la «participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales». Para ello, el Estado «se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional».
Además, cada Estado debe «publicar y difundir a intervalos regulares, que no superen los cinco años, un informe nacional sobre el estado del medio ambiente». Esos informes deben tener «información sobre el estado del medio ambiente y de los recursos naturales, incluidos datos cuantitativos», detalle de «acciones nacionales para el cumplimiento de las obligaciones legales en materia ambiental» y de «avances en la implementación de los derechos de acceso», así como de «convenios de colaboración entre los sectores público, social y privado».
Los informes «deberán redactarse de manera que sean de fácil comprensión y estar accesibles al público en diferentes formatos y ser difundidos a través de medios apropiados considerando las realidades culturales». La sociedad civil, además, puede ser invitada a «realizar aportes a estos informes».
