General Pico (2b Norte) – El fiscal general Armando Agüero imputó a un funcionario judicial el delito de “abuso de autoridad”, por entender que ingresó al sistema informático sin autorización para revisar legajos de la Fiscalía. La audiencia de formalización se realizó el pasado jueves.
El funcionario judicial involucrado es Roberto Reinoso, ex concejal y diputado provincial por el radicalismo, quien desde hace años trabaja como Licenciado en Trabajo Social en el Juzgado de Ejecución Penal con asiento en General Pico.
Según reveló Agüero, los ingresos al Sistema de Gestión de Legajos Penales (SIGeLP) se registraron durante el año pasado y el caso comenzó a investigarse en los primeros meses del 2020. “Se trata de ingresos indebidos a los legajos del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo el jefe de fiscales del norte provincial y señaló que en muchos casos se trata de personas que son investigadas y aún no formalizadas.
El fiscal general indicó que desconoce los motivos por los que Reinoso habría ingresado en reiteradas ocasiones, y tampoco es motivo de investigación para la Fiscalía por el momento.
“La posibilidad del uso del sistema no habilita a entrometerse en las investigaciones de los fiscales”, afirmó Agüero. Y quizás se a este uno de los puntos en discusión durante la investigación, ya que el SIGeLP no presentaría trabas para el acceso por parte de cualquier funcionario judicial.
Reinoso trabaja desde hace años en el Juzgado de Ejecución Penal, a cargo del juez Mauricio Pascual, para quien elabora informes de detenidos con condenas firmes. Dichos informes incluyen también el entorno del reo, por lo que podría ser que el imputado revisara legajos como parte de su labor.
Existe un antecedente similar en La Pampa, cuando dos fiscales de Santa Rosa resultaron condenados por acceder al mismo sistema, aunque este caso revistió mayor gravedad porque quienes lo hicieron utilizaron esa información para favorecer la situación de terceros, por lo que fueron condenados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, delito de mayor gravedad que se le imputa a Reinoso (“abuso de autoridad”), cuya pena en expectativa es la inhabilitación para ejercer cargos públicos y prisión en suspenso.
Reinoso no fue suspendido en sus funciones y continúa con sus labores desde su domicilio, como lo hace desde el inicio de la pandemia como muchos pacientes de riesgo, aunque se le prohibió el ingreso al sistema informático judicial.
