General Pico (2b Norte) – El Concejo Deliberante de Pico aprobó por amplia mayoría el cupo laboral trans, celebrado por integrantes de sectores de la diversidad presentes en el recinto. También se autorizó a la Municipalidad a comprar cámaras de seguridad que se instalarán en algunos barrios de la ciudad.
Entre los distintos puntos abordados en la décimo séptima sesión ordinaria, los concejales aprobaron la renovación del convenio de concesión del Servicio de Reciclados de Residuos Urbanos Sólidos, entre La Municipalidad y la Cooperadora de Trabajo «Reciclados Don Alberto Ltda”.
El bloque Propuesta Federal solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal instalar iluminación y mantener la plaza «Principado de Asturias», ubicada en calles 115 entre 4 y 6, proyecto que acompañaron los restantes bloques.
Por su parte, el Bloque UCR presentó un proyecto de ordenanza que solicita la incorporación de unidades vehiculares con piso bajo y demás características especiales, tal cual lo normado por la Ley Provincial 2.216, para permitir que las personas con discapacidad o movilidad reducida puedan acceder al transporte con las adecuadas condiciones de transitabilidad.
A pedido de la Municipalidad, el Concejo Deliberante autorizó al Ejecutivo avanzar en la compra de siete cámaras de seguridad, por 17.255 dólares. Los concejales Coppo y Capellino votaron en disidencia.
La compra de estos insumos técnicos fue a propuesta de vecinos y vecinas de General Pico en el marco del programa Presupuesto Participativo 2019, para dotar de cámaras a cinco barrios de la ciudad y en siete puntos estratégicos. El monitoreo de estas cámaras estará a cargo del Cecom.

Inclusión
Con presencia en la sala de sesiones de representantes de distintos sectores de la diversidad, fue aprobado el proyecto del bloque Frente Justicialista Pampeano, que establece la inclusión e integración laboral de personas trans.
El proyecto ordena que el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante están obligados a ocupar personas trans, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de las vacantes. Para ello establecerá reservas de vacantes a ser exclusivamente ocupadas por aquellas personas trans que cumplan con las competencias esperadas para el puesto, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público.
El despacho de comisión fue aprobado por mayoría, 11 a 1, ya que no acompañó el concejal Pedro Rolón del bloque Propuesta Federal.
La presidenta del bloque Fre.Ju.Pa., Alicia Campo, fundamentó la aprobación del proyecto al señalar que las personas trans “constituyen uno de los sectores de la sociedad que más sufre la discriminación y estigmatización”. Y remarcó “uno de los ámbitos donde más se expresa la vulneración de sus derechos es el laboral. Las personas trans sufren grandes dificultades para conseguir un trabajo formal y digno”.
Remarcó en tal sentido que “las acciones por parte del Estado serán las de garantizar a esas personas los mismos derechos y garantías de los que goza el conjunto de la sociedad, es decir, un trato igualitario”.
Campo consideró que “es un día de reconocimiento a la lucha de grupos y movimientos sociales que desde hace años impulsan políticas sociales que los incluyan. La Ley de Identidad de Género es resultado de esas demandas…”.
Y concluyó “este tipo de reconocimientos no perjudica la vida de nadie, no perjudica derechos a nadie, ni va contra ninguna persona, es a favor de una comunidad diversa. Por eso apelo a celebrar, porque las conquistas sociales se celebran, y esa ha sido la voluntad y decisión política de este bloque”.
Negativo
El único concejal que votó por la negativa fue Pedro Rolón, integrante del bloque Propuesta Federal y vinculado a la Iglesia Evangélica. El concejal opositor recordó que “hay muchos grupos que sufren vulnerabilidad y discriminación”. Para remarcar luego que “la idea de otorgar privilegios a través de una ordenanza en favor de un sector, automáticamente hacer caer en la discriminación de otros sectores”.
Citó luego el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que “la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”.
Y destacó al respecto que “la igualdad de todas las personas es lo que nos convierte en una sociedad mejor, si todos somos iguales ante la ley, tampoco debe haber diferencias en el acceso al empleo público”.
También mencionó una posible colisión de la ordenanza aprobada con la ley de protección de datos personales (25326), que en líneas generales establece que ninguna persona debe ser obligada a otorgar datos sensibles. Para observar al respecto que “si bien la ordenanza no hace referencia explícita a un registro de personas trans, se entiende que a la hora de aplicarse esta ordenanza debe haber algún tipo de declaración de su inclinación sexual”.





