Santa Rosa y Buenos Aires (2b) – Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en julio, cuando fijó el caudal mínimo del Río Atuel que debe ingresar a territorio pampeano, crece el conflicto entre Mendoza y la provincia gobernada por Ziliotto por la definición de las obras a realizarse. Según, el diario Los Andes de Mendoza, existe un «negocio en secreto» entre las partes (incluida Nación) y ya tendrían destinadas las partidas de los Presupuestos 2021 para las obras. También informó y tiró datos interesantes: el Gobierno nacional pondría $700 millones para que las negociaciones lleguen a buen puerto. El plazo para llegar a un acuerdo en cuanto a trabajos sobre el cauce y el ingreso de caudal a La Pampa vence el próximo 10 de diciembre.
El ministro de Infraestructura de Mendoza, Mario Isgró confirmó que la suma que debería poner Mendoza llega a los $300 millones. Por su parte, el Gobierno nacional ha comprometido en las sucesivas reuniones $700 millones para las obras en el río que mejoren el caudal. Y desde La Pampa, sin demasiadas fuentes, también aseguraron que la pauta de gastos para el año que viene también tiene una partida para las obras del río Atuel pero desde la vecina provincia no detallaron la cifra.
El hermetismo alrededor de las negociaciones es común a todas las jurisdicciones que no quieren generar malestar ni embarrar el diálogo con declaraciones en los medios. Hasta ahora se sabe que las dos provincias y Nación están trabajando, “acercando propuestas” y tienen que llegar a un acuerdo antes del 10 de diciembre. Según trascendidos, en muchos puntos Mendoza y la Nación coinciden, pero en otros la Nación se acerca a La Pampa.
Ante las consultas, desde Infraestructura aseguraron que “todavía no hay definiciones” y una respuesta similar dio el secretario de Recurso Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri. “Estamos debatiendo las acciones y obras que establece la Corte Suprema para lograr el caudal hídrico apto de 3.2m3/s para recomponer el ambiente en el marco de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior, el Estatuto del nuevo organismo de cuenca y el Monitoreo ambiental de la integralidad de la cuenca”, dijo Lastiri.
Desde el principio, cada provincia llevó su propuesta de obras para solucionar el conflicto. En un momento, la Justicia llamó a la Nación a intervenir como responsable del tema y ahora, además de determinar el caudal, la Corte le indicó a las jurisdicciones que acuerden cómo monitorear el caudal del río para que se cumpla la recomposición del ambiente.
En una de las propuestas la Nación se comprometió a financiar hasta el 70% de las obras y el 30% le quedaba a Mendoza y La Pampa. Esos porcentajes se traducirían ahora, en 700 millones de pesos de la Nación y 300 millones de pesos de Mendoza.
Desde Irrigación, ya han alertado que la cuenca es deficitaria y que en los últimos 10 años el caudal tuvo el registro más bajo de los 150 años que se tiene registro. Entonces, para llegar al número que indicó la Corte sí o sí hay que aumentar la oferta. Una de las posibilidades que se maneja, es la propuesta inicial de 28 pozos en la cuenca del río para bombear agua al cauce y como última opción está la obra de trasvase de aguas del río Grande.
También hay que hacer obras para que el agua no se pierda por infiltración o transpiración. En los 160 kilómetros que hay desde Carmensa (General Alvear) -hasta donde llega el canal marginal del Atuel- hasta el límite con La Pampa se haría una batería de obras para mejorar el caudal como rectificar el cauce donde hay curvas o utilizar membranas para impermeabilizar donde hay pérdidas. Algunas obras ya están avanzadas en cuanto a estudios técnicos. Hay una sola premisa que Mendoza no está dispuesta a negociar: no le van a sacar agua a los productores.
Desde La Pampa, insistieron en que no se trata solo de obras sino que la Corte también habló de acciones. “Las acciones se refieren al manejo y distribución del agua desde los embalses donde se asignan los usos humano, riego, energía, recreativo y turístico y ahora deberá establecerse el uso ambiental para satisfacer los 3,2 m3/s para recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa en forma permanente y progresiva”, dijo Lastiri.
La Corte Suprema determinó el 15 de julio el caudal de agua del río Atuel que debe entregar Mendoza a La Pampa, en una causa que es la continuidad de un conflicto histórico entre las dos provincias y que se ha extendido durante décadas. En su momento, el fallo fue celebrado en Mendoza porque la cifra era similar a la que propuso la Provincia en 2018.
El dictamen fue votado de manera positiva por los ministros de la Corte Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz (este último con voto concurrente), al llegar a la conclusión que los 3,2 m3/s “es el caudal recomendado por el Instituto Nacional del Agua (INA) como instrumento de posible cese del daño ambiental ocasionado por la falta de escurrimiento del río Atuel en territorio pampeano”.
El fallo también mencionó a la secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación para señalar que “se podría alcanzar el caudal una vez que se realizaran una serie de obras e inversiones con un plazo de desarrollo”.
