General Pico (2b Norte) – El ex jefe de la Agencia de Investigación Científica (AIC) de General Pico, Emanuel Morales, acusado de destruir material probatorio de un doble homicidio, estaría a punto de evitar el juicio en su contra y una eventual condena con el pago de una multa. La Fiscalía ofreció las pruebas contra el ex funcionario para llegar al debate, pero sería inminente la salida alternativa.
La de Morales fue quizás la carrera más corta en el Estado Provincial. Asumió, a los dos días le tocó intervenir en uno de los casos policiales más resonantes de los últimos tiempos, y a la semana fue desplazado de su cargo.
Emanuel Morales fue el primer civil que llegó a conducir la AIC, dependencia que desde hace un tiempo depende de la Justicia, asumiendo el 8 de noviembre de 2019. Dos días después debió viajar a Rancul para recolectar las pruebas de los brutales homicidios de Héctor Lappetina y Jacinto Tallone, cometidos por los jóvenes Pino y Quintero.
Tras casi un día de trabajo, los fiscales de Pico trasladaron una parte de material recolectado, mientras que la mayor parte fue guardada en bolsas de consorcio que trasladó el personal de la AIC hasta la sede en General Pico. Esas bolsas quedaron en un lugar que no correspondía y fueron confundidas por residuos, por lo que fueron sacadas a la calle por otra persona y terminaron en el basurero.
Los fiscales debieron redoblar esfuerzos para que el doble homicidio no quede impune, y así lo lograron, ya que recientemente el STJ acaba de ratificar la prisión perpetua para los dos condenados.
Morales fue inmediatamente desplazado de su cargo y ya no pertenece a la planta del Estado. Se lo formalizó por “destrucción de material probatorio” en agosto de este año y el pasado jueves se realizó una nueva audiencia, donde la Fiscalía ofreció pruebas del caso y pidió la elevación a juicio.
Según pudo establecer 2b, por tratarse de un delito culposo con una eventual condena menor, Morales evitaría en las próximas horas que el proceso en su contra avance con el pago de una multa, procedimiento con el que lograría la extinción de la acción penal.
