Santa Rosa y Buenos Aires (2b) – El Gobierno nacional estatizó 5 de los 6 corredores viales que se hallaban en contrato vigente en lo que fue el convenio firmado durante el mandato de Mauricio Macri a través del régimen de participación público-privado (PPP). Apenas quedó en pie el que corre por la ruta 5 que va desde Santa Rosa a Luján, y que había sido ganado por la empresa argentina Green en conjunto con la empresa China Construction América, que evalúa presentar un esquema financiero para salvar el proyecto. Mientras que los demás contratos fueron rescindidos y completó la contratación por parte del Estado de más de 1700 empleados, la arteria que conecta la capital pampeana con el conurbano bonaerense prevé un plan de inversión de unos 1500 millones de dólares para generar una autovía.
Termina así una iniciativa que, en resumen, genera un esquema en el que el privado pone el dinero para hacer las obras y se cobra con un bono del Estado después de terminadas, además de percibir el flujo de la recaudación por una determinada cantidad de años.
Mientras tanto, hay dos consecuencias: la falta de cobro del peaje y la estatización y el consiguiente pase a planta de una empresa del Estado de todos los empleados de las concesionarias.
La ruta 5 que conecta Santa Rosa con Luján es la única que queda en pie, y ahora casi en mano de los chinos que quieren realizar una mega obra que culmine en una autovía. La inversión rondaría en 1500 millones de dólares, nada más y nada menos.
«Nos encontramos en el proceso de traspaso de operación y en los próximos días se normalizará el cobro. Esperamos que esto ocurra en no más de una semana. Estamos terminando de armonizar los sistemas operativos recibidos con los propios. Es importante aclarar que sólo está afectado el cobro, pero están garantizados todos los aspectos vinculados a la seguridad vial, auxilio mecánico, trabajos de mantenimiento, etcétera», aclararon en el Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis.
La otra cuestión es que todos los empleados de las concesionarias pasaron a formar parte de la nómina de una empresa estatal llamada Corredores Viales. Esta firma fue creada en épocas de Guillermo Dietrich como ministro de Transporte. La finalidad fue que allí se emplearan a los trabajadores de la concesión que tenía Cristóbal López en el corredor Ezeiza – Cañuelas cuando fue rescindida y hasta que se vuelva a privatizar, en julio de 2018.
En total, 1741 empleados pertenecerán a la empresa estatal. De esos, 512 pertenecen a Corredor Panamericano, un consorcio integrado por la empresa del Grupo Eurnekian, Helport; Panedile, comandada por el arrepentido en la causa de cuadernos Hugo Dragonetti; Eleprint, del expresidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss y la española Copasa. La firma estaba a cargo de los corredores E y F que contenían las autopistas Buenos Aires-Rosario y Rosario-Córdoba y que fueron rescindidos de común acuerdo en setiembre.
Se suman, además, 222 trabajadores del Corredor A que corre desde Las Flores hasta Coronel Dorrego, además de otro ramal que va de Olavarría a Mar del Plata, y cuyos concesionarios eran Paolini Hermanos, Vial Agro e INC.
A esta nómina deben agregarse 295 del Corredor C que atraviesa Buenos Aires y el sur de Córdoba para llegar finalmente a Mendoza y que estaba en manos de José Cartellone, una de las empresas de obra pública más conocidas de la Argentina, que es, justamente, de origen mendocino.
Finalmente, nuevamente los 722 empleados que pertenecían a la autopista Buenos Aires-Cañuelas, que estaba en manos de una firma de Cristóbal López, que luego se rescindió y que fue adjudicada en 2018 a un consorcio integrado por Rovella Carranza, con fuerte presencia en San Luis; JCR (las siglas de Juan Carlos Relats, uno de los constructores preferidos del kirchnerismo y que era el inquilino del Hotel Los Sauces) y Mota Engil, una firma brasileña que está mencionada en varias investigaciones por el caso Lava Jato.
De esta manera, el Estado se quedó con los 1751 empleados. Maravillas de un país que elimina el riesgo empresario al estatizar la nómina.
«A dos años de la fallida implementación del esquema de Participación Público – Privada (PPP) realizado por la gestión anterior, el gobierno nacional rescindió cinco de los seis contratos debido a que las empresas a cargo de los corredores viales incumplieron sus obligaciones y solo ejecutaron, en promedio, el 2% del plan de obras», comunicó el Ministerio.
«Rescindimos los contratos PPP de cinco corredores viales, después de dos prórrogas otorgadas a las contratistas. Le pusimos fin a un modelo ruinoso del macrismo, que fracasó y perjudicó los intereses de los argentinos y argentinas», dijo el ministro en un comunicado que distribuyó su oficina de prensa.
«Frente a los incumplimientos por parte de las concesionarias, el pasado 27 de mayo se intimó a todas las empresas a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindirlos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre», dijo el ministerio.
«Fueron contratos diseñados para favorecer al sector financiero. Las obras tuvieron una ejecución de solo el 2% en promedio y le iban a salir al Estado tres veces más. Alcanzar estos acuerdos significa ahorrarle a la Argentina un costo millonario en dólares», señaló Katopodis.
Según esbozó el ministro, el plan de obras pasará a Vialidad Nacional: «Las vamos a hacer de manera responsable, seria y por etapas. En la Argentina que lidera Alberto Fernández, el plan de infraestructura nacional va a ser eficiente, equitativo y federal», agregó el ministro.
Lejos de definiciones concretas, Katopodis nada dijo respecto de cómo se financiará un plan de obras que se estimaba entre 5000 y 6000 millones de dólares. Tampoco avanzó en detalles de cómo hará los procesos de adjudicación más transparente. Dejó en manos de Vialidad un sistema de obra pública que rinde cuentas en la Justicia sobre la forma en que los empresarios y los funcionarios kirchneristas se repartían algo más que los proyectos viales que pocas veces se terminaban.
El proyecto fallido
El plan implicaba obras en más de 2500 kilómetros a través de la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1494 km) y obras especiales (252 km). La inversión total estimada es de 6000 millones de dólares durante los cuatro primeros años
Corredor A (Rescindido):
Las Flores con Coronel Dorrego; Olavarría a Mar del Plata. Concesionario: Paolini Hermanos, Vial Agro y INC.
Corredor B (Sin rescindir):
Empieza en Luján y termina en la capital de La Pampa, Santa Rosa. Concesionario: CCA Panamá y Green.
Corredor C (Rescindido):
Atraviesa Buenos Aires y el sur de Córdoba para llegar finalmente a Mendoza. Concesionario: José Cartellone.
Corredores E y F (Rescindido):
Autopistas Buenos Aires-Rosario y Rosario-Córdoba. Concesionario: Helport, Panedile, Copasa y Eleprint
Autopista Sur (Rescindido):
Autopista Buenos Aires-Cañuelas. Concesionario: Rovella Carranza; JCR (las siglas de Juan Carlos Relats) y la brasileña Mota Engil.
