Santa Rosa (2b) – El diputado nacional de la UCR, Martin Berhongaray, presentó un proyecto para establecer la imprescriptibilidad de la acción penal para los funcionarios que cometen delitos en perjuicio de la Administración Pública. Consideró que es “imprescindible que el Congreso Nacional brinde una señal clara sobre la necesidad de sancionar y castigar la corrupción”.
En su argumentación, Berhongaray expresó que “sabido es que justicia lenta, no es justicia. Menos aun cuando la demora en el inicio o en la tramitación de las investigaciones culmina con la extinción de la acción penal, desvinculando así -en forma definitiva- y beneficiando a imputados de cometer delitos en perjuicio de la Administración Pública.”
“Ningún derecho humano puede ser efectivamente garantizado cuando el Estado se convierte en un instrumento de corrupción, toda vez que tales desvíos terminan por distorsionar la distribución de bienes y la regulación de derechos, decantando en avances ilegítimos del Estado sobre las garantías ciudadanas”, señaló en otra sección de proyecto.
“Tratándose de determinados delitos que resultaron cometidos en perjuicio de la Administración Pública debe primar el interés general de que la sentencia que se dicte se encuentre fundada en un análisis integral y exhaustivo de los elementos convictivos incorporados al proceso, examen que sólo garantiza el desarrollo del juicio oral y público”, prosiguió.
Los delitos que contempla el proyecto de Berhongaray son Fraude en perjuicio de una administración pública, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, prevaricato, y encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
El diputado recordó los datos obtenidos en un estudio de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de 2012, que relevó 21 causas de corrupción, el cual estimó que “desde que se comete un delito de este tipo en Argentina hasta que se obtiene una sentencia, pueden pasar -en promedio- unos 14 años”.
Asimismo, consideró que “la reciente historia de nuestro país brinda sobradas muestras de que resultan muy pocas las investigaciones por delitos cometidos contra la administración pública que encuentran rápida y justa solución. Nadie puede desconocer que, en la realidad política actual, la presión que el poder político ejerce sobre muchos magistrados termina por tergiversar –en casos- el requisito constitucional de la independencia, indispensable para la adecuada administración de justicia”.
El diputado pampeano señaló que es “imprescindible que el Congreso Nacional brinde una señal clara sobre la necesidad de sancionar y castigar la corrupción y los restantes delitos descriptos en el presente proyecto, declarando su imprescriptibilidad en sintonía con las soluciones adoptadas por otros países de la región”.
“Corresponde instaurar un conjunto de medidas que resulten eficaces para desterrar la sensación de que los funcionarios públicos acceden y se sirven del poder para aumentar sus patrimonios o fortunas personales, favoreciendo las investigaciones completas y suficientes de toda conducta sospechada de irregular”, cerró.
