Santa Rosa (2b) – El Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos respaldó la suspensión de las exportaciones de maíz hasta el ingreso de la nueva cosecha por parte del Gobierno, a fin de asegurar el abastecimiento del mercado interno. Recordaron que “a esta altura del año y como reconocen todos los involucrados, ya se ha comercializado el 90 % de la anterior cosecha” y consideraron que “es necesario dejar de lado prejuicios antiestatistas”.
A través de un comunicado, la CPESP recordó que de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), que reúne a las cooperativas del sector, rechazó la suspensión de la comercialización, pero no se sumó al paro, argumentando que “No es momento de parar, pero sí de reclamar”.
“Hace menos de un año, ante la intención del Gobierno Nacional de intervenir la cerealera Vicentín ante la grave situación financiera que atravesaba dicha firma, que además adeudaba una suma considerable al Banco de la Nación por préstamos otorgados de manera aparentemente irregular, señalamos la necesidad de encontrar instrumentos para que el Estado interveniera en la comercialización de productos agropecuarios”, señala el documento.
“En primer lugar, a esta altura del año y como reconocen todos los involucrados, ya se ha comercializado el 90 % de la anterior cosecha, y si bien lo que resta supera las necesidades del consumo interno hasta el ingreso de la nueva, es conveniente asegurar su cobertura. Más aún, y como reconocen referentes de los productores, la medida no los afecta directamente, sino que toca a los exportadores, y que lo que resta de la anterior cosecha está mayormente en manos de estos últimos. Es decir, el paro tiene una clara motivación política (lo que no quiere decir necesariamente partidaria), de oposición a cualquier intervención reguladora del Estado”, argumenta la entidad.
También señalaron que el Gobierno se había reunido con el Consejo Agroindustrial Argentino. “Llama la atención que entre las entidades que integran el Consejo, además de CRA, FAA y CONINAGRO, están las Cámaras de Empresas de Nutrición Animal, de Feedlot, de Industriales de Maíz por molienda seca, de Empresas Procesadoras Avícolas, de Productores Avícolas y la Asociación Argentina de Productores de Porcinos, todas entidades en favor de las cuales presuntamente se tomó la medida”.
“Por otro lado, algunos economistas “serios” han señalado que el cierre de exportaciones del grano tendría efectos positivos a corto plazo, pero que en el largo seguramente desalentaría la producción de maíz, lo cual implica que asumen su continuidad más allá del plazo establecido”, consideraron.
La CPESP concluyó señalando que “todo esto indica que es necesario dejar de lado prejuicios antiestatistas y elaborar un plan para la agroindustria que contemple además de medidas de apoyo, instrumentos de regulación del comercio exterior de granos y carnes a partir de la experiencia pasada, sin repetir errores pero asumiendo que el Estado debe asegurar ante todo el abastecimiento del mercado interno de alimentos y al mismo tiempo promover la producción y la generación de empleo”.
