Buenos Aires (2b) – Empresarios del turismo, hotelería, gastronomía y entretenimiento preparan medidas judiciales ante la decisión del Gobierno de implementar el toque sanitario. Desde Industria Del Entretenimiento Argentino (IDEAr) señalaron que la medida “no resiste un test de constitucionalidad”. Además, advierten que se fomentan los encuentros clandestinos.
“De salir un decreto que viole derechos constitucionales, presentaremos ante la Justicia las acciones de amparo correspondientes”, afirmó el abogado Martín Francolino, quien representa a los empresarios que se reúnen por estas horas para definir los pasos a seguir en el caso de que se confirme la restricción horaria.
Desde IDEAR, aseguraron que “muchos sectores soportaron más de seis meses cerrados sin ningún tipo de ingreso, y ahora el Estado parece encontrar la solución en cortar una brecha horaria en los sectores que prestan servicio de noche como si fueran los culpables, cuando claramente es mejor el “control” que el “descontrol”, un hecho que ya se vivió desde el comienzo de la cuarentena, donde el Gobierno no pudo poner orden en la cantidad de fiestas clandestinas y reuniones privadas”.
Francolino aseguró que “sin lugar a dudas la disposición de un toque de queda sanitario en la franja horaria anunciada no resiste un test de constitucionalidad, tratándose de una medida desproporcionada, arbitraria, discriminatoria y completamente ilegal, por no emanar del órgano encargado de reglamentar los derechos humanos que el Estado argentino está obligado a respetar (el Congreso de la Nación); lo que de aplicarse, se someterá a escrutinio judicial, en procura de frenar los abusos del poder ejecutivo, tanto nacional como los de las distintas provincias”.
El representante legal sostuvo que “nadie puede asegurar que desde las 11 a las 6 se producen los contagios del virus” y aseguró que, de esta manera, se fomentan los encuentros clandestinos porque desde que comenzó la pandemia eso no pudieron ni frenarlo ni controlarlo.
La presentación podría incluir “una medida cautelar de no innovar para así frenar cualquier intento de sancionar la medida sanitaria cuestionada”. Se trata de una medida previa a la sentencia final, que intenta evitar cualquier alteración fáctica o de derecho reinante mientras dure el proceso.
“El análisis legal de la medida me conmina a partir del hecho de que los derechos humanos no son absolutos, todos se encuentran sujetos a reglamentación y, por ende, a restricción. De lo contrario, nadie podría ser encarcelado luego de la comisión de un delito, so pretexto de violarse la libertad ambulatoria”, afirmó.
El abogado subrayó que “toda restricción impone su sometimiento a un control de cuatro aristas: la excepcionalidad, razonabilidad, proporcionalidad y provisionalidad. La excepcionalidad y la razonabilidad brillan por su ausencia, teniendo en consideración que los contagios no conocen de horas. ¿Acaso existe mayor transmisión del virus cuando cae el sol?”.
“No puedo dejar de remarcar la contradicción en que recae el Gobierno, quien enfáticamente se encargó de remarcar que el prohibicionismo no es el camino. Así como se ha levantado la bandera del derecho al aborto, advirtiendo que la criminalización y la prohibición solo lleva a la clandestinidad, la misma premisa debería aplicarse para regular la actividad de los centros nocturnos de entretenimiento. Las reuniones no van a dejar de existir. Al menos en un restaurante, en un bar, en una cervecería, se someten a protocolos sanitarios estrictos, que se encuentran ausentes en las reuniones privadas y que sin lugar a duda son esos los vectores de contagio”, afirmó.
