Santa Rosa (2b) – El diputado Martín Ardohain, junto a la diputada María Lauta Trapaglia, y los diputados Eduardo Pepa y Matías Traba (MID), presentaron un proyecto de resolución manifestando su rechazo y preocupación ante intentos de presión y condicionamiento a funcionarios del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Ardohain expresó que “en el momento que el fiscal Eduardo Taiano se hizo cargo de la investigación por la vacunación VIP, la Anses lo notifica diciéndole que es momento de jubilarse. Este tipo de situaciones lesiona la división de poderes, que es la base del sistema democrático.”
“Según el organismo que conduce Fernanda Raverta, es parte de un proceso de regularización de jueces que fue anunciado la semana pasada, en el que se intimará a varios magistrados a hacer lo propio. Sin embargo, no puede dejar de llamar la atención que la notificación haya llegado justo el mismo día en que el presidente Alberto Fernández criticó duramente a jueces y fiscales, en el marco de una conferencia de prensa desde México y en relación directa a los hechos vinculados con la vacunación de privilegio.” remarcó el diputado opositor en La Pampa.
Y sostuvo además que “el fiscal Taiano también lleva adelante el pedido de elevación a juicio de la causa por la venta de dólar futuro que tiene como principal procesada a Cristina Kirchner, quien intenta dilatar el inicio del juicio oral”.
El lunes 22 de febrero de 2021, Taiano imputó a Ginés González García, exministro de Salud, y a su sobrino Lisandro Bonelli, exjefe de Gabinete en la misma cartera, por las irregularidades en el plan de vacunación en el marco de la pandemia por Covid 19. La jueza federal María Eugenia Capuchetti, por su parte, ordenó allanar el Ministerio de Salud.
“Los hechos investigados son de profunda gravedad social e institucional y habrá de determinar la justicia si constituyen delito y en ese caso, quienes son los responsables”, sostuvo el diputados de Propuesta Federal.
“Es indispensable que, desde nuestro rol de legisladores, alertemos sobre la gravedad de estas presiones y los alcances y consecuencias que pueden tener para los miembros de la sociedad, rechazando expresa y enérgicamente toda acción que pueda expresar o solapar intenciones de someter a los jueces, fiscales y otros funcionarios o auxiliares de la justicia, a la voluntad de los gobernantes políticos de turno.” finalizó Ardohain.
