Santa Rosa y Buenos Aires (2b) – En 2020, con la puesta en marcha de las medidas de aislamiento social por la pandemia del nuevo coronavirus, se iniciaron sólo 9 juicios orales en causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad, la cifra más baja de los últimos 13 años. Los datos se desprenden de un informe publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal a 45 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar.
“La situación de emergencia sanitaria ha influido en la continuidad de los juicios: de los procesos iniciados previamente al aislamiento (…), 12 tuvieron sentencia y 10 aún continúan en trámite. De los juicios que se iniciaron con posterioridad al decreto, 11 continúan en trámite y 1 obtuvo sentencia”, señala la Procuraduría, organismo estatal que fue consultado por Chequeado para esta nota.
Repasamos los datos más salientes del informe.
Como se señaló, en 2020 se iniciaron 9 juicios orales. En lo que va de 2021, arrancaron los debates de 5 juicios y se espera un sexto en abril. Para aproximarse a estas cifras hay que irse casi 15 años para atrás: en 2006 se dio inicio a 3 juicios orales en causas de lesa humanidad y en 2007, a 2. Esos son los años en los que se reactivaron los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, a partir del fallo “Simón” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A partir de 2010, se iniciaron más de 20 juicios orales por año, con la excepción de los años 2016 y 2018. El pico se registró en 2017, con 28 juicios orales iniciados.
Desde la reapertura de las causas de lesa humanidad, la Procuraduría registra un total de 3490 personas investigadas. De ese total, el 47% se encuentran actualmente en libertad. Por otro lado, un 27% han fallecido y un 1% están prófugos de la Justicia. El 25% restante se encuentran detenidos bajo diversas modalidades.
Son en total 859 personas las que tienen algún tipo de medida privativa de la libertad en su contra. De ese total, 636 (75%) gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. “Esta modalidad de detención predomina desde 2016”, señala el informe.
Vale aclarar que, por tratarse de hechos ocurridos hace más de 4 décadas, las personas investigadas tienen una edad avanzada, factor que incide a la hora de conceder el arresto en el hogar, de acuerdo con la Ley 24.660.
Por otro lado, 159 personas (18,5%) se encuentran detenidas en unidades del Servicio Penitenciario. El 7,5% restante entra en la categoría “otras”, que incluye hospitales o dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.
Por otro lado, la Procuraduría analizó las demoras en la tramitación de este tipo de causas. Según este cálculo, desde el momento en que se requiere la elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) transcurren en promedio 5 años y 2 meses. Pero, si se analiza detenidamente, la mayor demora se registra en la etapa recursiva (cuando se plantean recursos de apelación).
Desde el momento que se requiere la elevación a juicio, hasta que se clausura la instrucción (etapa de investigación a cargo de los jueces de primera instancia) transcurren en promedio 5 meses. Por otro parte, pasan en promedio 2 años y 4 meses desde que se eleva la causa a juicio oral hasta que se dicta sentencia. Por último, desde la sentencia hasta el último fallo de la Corte transcurren en promedio 3 años y 7 meses. Esto último incluye, además, la instancia de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.
