Buenos Aires (2b) – El 38,8% de la población argentina terminó el 2020 en la pobreza y el 8,1% en la indigencia, aunque la asistencia estatal logró reducir parcialmente el impacto de estos flagelos, consideró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un informe.
Si se contemplan en el análisis las transferencias como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la Tarjeta Alimentaria, la pobreza se ubicó en torno al 37% y la indigencia (personas que pasan hambre) en el 5,4%.
El organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que la irrupción de la pandemia encontró a la Argentina en una situación económica particularmente vulnerable, en medio de una crisis macroeconómica que ya llevaba dos años recesivos, con caídas en el empleo formal e incremento de la informalidad, así como descensos en los ingresos de los hogares, en un contexto de niveles de inflación cercanos al 50% anual.
«La pandemia profundizó dicha situación e impulsó un conjunto de políticas orientadas a reducir el impacto en la producción y el abastecimiento de insumos básicos, y a amortiguar la caída del empleo y los salarios», dijo el organismo.
Y señaló que grupo de acciones el Gobierno se orientó a aumentar los ingresos de las personas que ya se encontraban incluidas en el sistema de protección social (como jubilados y perceptores de transferencias como la Asignación Universal por Hijo u otros programas) y a reforzar el acceso a alimentos y a la protección sanitaria de la población de asentamientos urbanos más vulnerables.
Para garantizar un piso de ingresos para los trabajadores informales e independientes de ingresos medios y bajos, con fecha 30 de marzo de 2020, diez días después de haberse dispuesto el «aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO)» en todo el país para los trabajadores no esenciales de la economía, se diseñó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Más de 13,4 millones de personas solicitaron el programa IFE, lo que representa el 48% del total de la población de entre 18 y 65 años, y el 67% si se considera solo a la fuerza de trabajo (ocupados y desocupados).
Para la Cepal, el diseño y la rápida implementación de este programa ha permitido llegar con una transferencia, además de a los 3,3 millones de personas que ya se encontraban registradas, a casi 5,5 millones de personas en situación de trabajo informal o desocupadas a las que, de otra manera, el Estado no hubiera podido llegar por no tenerlas en sus registros al momento de la irrupción de la pandemia.
«El programa también visibiliza la magnitud de los problemas de precariedad que caracterizan al mercado de trabajo y las brechas del sistema de protección social. Solo el 9,3% del total de perceptores del IFE había tenido, por al menos un mes, un trabajo en relación de dependencia formal entre febrero de 2019 y el mismo mes de 2020», dijo la Cepal.
