Santa Rosa (2b) – La jueza de control de General Acha, Laura Alejandra Moscoso Mendieta, condenó a Pablo Nazareno Rosa a un año de prisión por ser autor del delito de encubrimiento por receptación dolosa, agravado por la habitualidad; le revocó una pena en suspenso y le impuso una sanción única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
¿Cuáles fueron los hechos? El imputado, de 26 años, tenía en su poder “bienes de origen espúreo, para luego revenderlos de forma clandestina”, dice la sentencia. Cuando se allanaron su casa y la de sus progenitores, en General Acha, se secuestró “gran cantidad de objetos que habían sido denunciados como sustraídos” por cinco personas.
El conflicto penal se resolvió por el procedimiento de juicio abreviado, rubricado por el fiscal Raúl Miguez Martín, el defensor particular Omar Gebruers y el propio acusado. En un primer momento, el entonces juez Héctor Freigedo lo había denegado por entender que Rosa no había prestado un consentimiento valedero. Ahora, en cambio, sí lo hizo ante la jueza sustituta.
“Las pruebas recabadas resultaron sumamente convincentes en cuanto al relato de la denunciante, aunados a los demás elementos acopiados. Asimismo, debe considerarse que esas pruebas coadyuvaron a lograr un acabado conocimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos, debiendo darse plena credibilidad a cada una de ellas”, señaló Moscoso Mendieta en el fallo.
“Sumado a ello –agregó– debe tenerse en cuenta que la totalidad de los elementos secuestrados no dejaron lugar a dudas respecto de la autoría y responsabilidad de Rosa, en la comisión de los ilícitos investigados, por lo que se dio la certeza requerida para el dictado de la presente sentencia condenatoria”.
Con respecto a la pena, en los abreviados, las juezas y jueces no pueden imponer sanciones más gravosas que las requeridas por el Ministerio Público Fiscal. En este caso, las partes acordaron un año efectivo por el encubrimiento agravado, pero como Rosa tenía antecedentes –por haber sido condenado en 2016 a tres años de ejecución condicional por lesiones leves agravadas por el vínculo; en concurso real con lesiones leves en perjuicio de un menor y amenazas–, ambas penas fueron unificadas en tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
Una vez que el fallo quede firme, el imputado deberá constituirse detenido. Él estuvo con prisión efectiva alrededor de un mes y desde octubre del año pasado permanece bajo arresto domiciliario, con vigilancia policial sorpresiva, y restricciones de acercamiento a los damnificados.
