Buenos Aires (2b)- El presidente Alberto Fernández convocó hoy a los argentinos a unirse «contra la impunidad», al cumplirse 27 años del atentado terrorista que el 18 de julio de 1994 destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y fue recordado por la agrupación «Memoria Activa» con un acto virtual en homenaje a los 85 muertos y más de 300 heridos.
«A 27 años del atentado a la AMIA, los familiares de las 85 víctimas continúan firmes en su reclamo de verdad y de justicia», remarcó el jefe de Estado en su cuenta oficial de la red social Twitter.
Fernández subrayó: «En memoria de cada uno de ellos y en honor a quienes perdieron a sus seres queridos, debemos unirnos contra la impunidad».
Además, dirigentes de todo el arco político recordaron el atentado con un renovado reclamo de verdad y de justicia. Ministros, funcionarios, gobernadores, senadores, diputados, intendentes y varios candidatos que competirán en las elecciones expresaron su sentir por el aniversario.
El jefe Gabinete, Santiago Cafiero, repitió el posteo del Presidente, y agregó: «La sociedad argentina en su conjunto recuerda a las víctimas y exige verdad y justicia», siempre con el hashtag #AMIA27años #ArgentinaUnida.
En tanto Eduardo «Wado» de Pedro, ministro del Interior, posteó: «A 27 años del peor atentado de nuestra historia, seguimos exigiendo Verdad y Justicia por las 85 víctimas de este ataque, perpetrado no sólo a la colectividad judía sino a nuestra nación y a toda la sociedad argentina».
«Mantengamos viva la memoria y sigamos trabajando para transformar la búsqueda de justicia y el fin de la impunidad de quienes perpetraron ese acto terrorista, en una bandera que nos fortalezca como país», sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Por la mañana, la agrupación Memoria Activa volvió a reclamar justicia para las víctimas del ataque a la AMIA, reiteró su pedido de «tener fiscales idóneos y creíbles» y acusó al Gobierno de Mauricio Macri de «haber realizado presiones contra los jueces» que investigan el hecho.
A las 9.53 (hora en que explotó la bomba) se inició el acto virtual convocado en las redes sociales, donde se leyó un documento con críticas a Macri por haber designado «a su procurador estrella Eduardo Casal», quien luego nombró «al fiscal (Sebastián) Basso a cargo de la UFI AMIA para lavar, vaciar y cerrar la causa lo más rápido posible».
En un documento, la agrupación que nuclea a familiares de las víctimas del ataque señaló que «en los hechos la UFI AMIA hoy es gerenciada por estrechos colaboradores del fiscal Alberto Nisman con la misma opacidad y ausencia de resultados» y pidió que haya «fiscales idóneos y creíbles».
Eial Moldavsky, integrante de Memoria Activa y encargado de la presentación del acto virtual, señaló que «hubo un juicio a (el exreducidor de autos Carlos) Telleldín y lo absolvieron. Elevaron la causa de Memoria Activa contra el Estado argentino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se hicieron públicas las presiones que ejerció el gobierno de Mauricio Macri contra los jueces».
Sobre el juicio a Telleldín, quien fue acusado de entregar la camioneta que se usó como coche-bomba que se utilizó en el atentado, el abogado de Memoria Activa Rodrigo Borda dijo que «de la investigación entre comillas que llevaron a cabo (el exjuez Juan José) Galeano, (y los exfiscales Eamon) Mullen y (José) Barbaccia no quedó nada, no hay nada que se pueda rescatar de ese trabajo nefasto». Y sostuvo que esa acusación tenía que ver con la idea de «cerrar la causa» que «intentaron imponerle a los familiares y la sociedad».
El abogado también apuntó contra Macri y aseguró que «la evidencia encontrada en el teléfono» de Darío Nieto, entonces secretario privado del expresidente, «viene a ser otro indicio más de la existencia de maniobras desde las esferas más altas del Gobierno anterior para influir en el tribunal que estaba juzgando el encubrimiento del atentado a la AMIA».
Mencionó entre «otros indicios» las declaraciones de funcionarios «del mismo Gobierno de Macri que denunciaron esas presiones», como la del ex titular de la Unidad AMIA Mario Cimadevilla, quien «renunció denunciando esas presiones» y «el llamado de Gabriela Michetti, la exvicepresidenta pidiéndole por su amigo Barbaccia».
Respecto a la causa que elevaron los familiares ante la Corte Interamericana de Justicia, se mostró expectante Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que acompaña esta presentación en la que se reclama al Estado «de no haber prevenido el atentado» y de intentar «tapar» y «desviar» la investigación.
«La Corte de acá a año y medio, dos años, va a sacar finalmente una sentencia donde termine de corroborar el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado argentino, va a
condenar al país y tenemos expectativas de que fije algunas líneas de reparación muy importantes para las víctimas y familiares», dijo.
Adriana Reisfeld, presidenta de Memoria Activa, aseguró que no tiene «esperanza de justicia» pero sí de que haya «condenas» ahora que la Corte Interamericana de Justicia debe emitir una sentencia, y agregó que «el Estado tiene que rendir cuenta de las cosas que hace».
Además aseguró que «hace cuatro años» los familiares están «en la misma nebulosa» porque los fiscales los «ignoran».
