Santa Rosa (2b) – Julio César Cleto Cobos se metió en la polémica por la realización de la obra Portezuelo del Viento, que en los últimos días recibió quejas de organizaciones ambientalistas, grupos empresarios y abogados. El senador nacional cuestionó ayer directamente a los empresarios que «inexplicablemente» salieron a poner palos en la rueda e incluso apuntó contra los abogados que llevaron el reclamo para paralizar el proceso licitatorio a Fiscalía de Estado.
«Inexplicablemente, en lo que parece un actuar coordinado y conjunto con un sector menor del empresariado mendocino y con evidentes intereses particulares, tres juristas le piden al Fiscal de Estado que se frene el proceso licitatorio de Portezuelo del Viento por temor a que la obra sea paralizada por la Corte Suprema de la Nación, por el pedido presentado por La Pampa. Es decir que, anticipando lo que la Corte pueda resolver, ya están fallando a favor de la vecina provincia”, se quejó el exgobernador mendocino en referencia a la presentación de Pérez Hualde, Miguel Mathus Escorihuela y Aldo Guarino.
El también exvicepresidente de la Nación marcó la cancha y remarcó que «la administración del Estado provincial es del Poder Ejecutivo, de nadie más y el Fiscal de Estado no desconoce este principio».
A través de un comunicado, Cobos recordó que “desde el 2003 a la fecha, cinco gobernadores impulsamos esta obra, con mayor o menor dedicación, pero siempre consecuentes con una política de Estado, a través de la continuidad de los actos de gobierno. Esta es la única forma de encarar esta mega obra, por eso requiere previsibilidad y sostenibilidad en el tiempo”.
Además, sostuvo que “el Río Mendoza está regulado, el río Tunuyán regulado, el Atuel y Diamante los más regulados. Con Portezuelo del Viento regularemos el río Grande que no tiene una sola obra y es el más caudaloso de la Provincia, y los beneficios los recibirán además las provincias ubicadas aguas abajo, aunque La Pampa se niegue a reconocerlo”.
Cobos manifestó además que este tipo de obras «son absolutamente necesarias en una provincia que tiene que optimizar sus recursos hídricos por su escasez. Espero que estas acciones no dilaten más el inicio de la obra Portezuelo del Viento, que generará empleo a miles de mendocinos y el desarrollo de toda la región”.
En las últimas semanas la tensión por la concreción de Portezuelo del Viento ha ido en aumento. Distintas cámaras empresariales como Aderpe, la FEM y la Cecim, entre otras, le enviaron una carta a Rodolfo Suarez pidiendo que no use los 1023 millones de dólares que Nación le debe a Mendoza para la construcción de esa represa. En su lugar, piden hacer otras obras.
Entre otras cosas, cuestionan la situación financiera en la que se encuentran las empresas que conforman la única UTE oferente, el impacto que tendrá en el manejo del agua la obra y la falta de contemplación del trasvase al río Atuel.
Ese mismo reclamo llegó a Fiscalía de Estado de la mano de los abogados Alejandro Pérez Hualde, Miguel Mathus Escorihuela y Aldo Guarino. «El conjunto de objeciones y de riesgos ciertos que surgen de los hechos expuestos constituyen un entorno que convierte a la obra en un emprendimiento altamente perjudicial para el patrimonio público y para el futuro del desarrollo provincial», señala el pedido al fiscal de Estado, Fernando Simón.
Esta semana, la UTE integrada por las empresas Ceosa, Obras Andinas, Impsa y Sinohydro bajó más de 200 millones de dólares la oferta que había presentado en un primer momento, qué era de 1057 millones de dólares más IVA. Por estas horas, la comisión evaluadora está estudiando la viabilidad de esa nueva propuesta.
