Buenos Aires (2b) – La Jueza en lo Comercial Marta Cirulli decretó la quiebra del Correo Argentino S.A., empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje. La causa lleva casi 20 años de tramitación y se mantuvo la decisión sobre los bienes de la empresa.
Ayer el expresidente Mauricio Macri hizo pública el fin de semana una carta sobre la causa Correo Argentino, defendiendo su estrategia. “El Gobierno busca venganza y tiene como objetivo a mis hijos”, expresó el expresidente.
La firma esperaba la definición del proceso de «cramdown», el último intento de salvataje donde es clave la palabra de los acreedores. Muchos acreedores privados habían aceptado la oferta de la empresa, pero el Estado había pedido la quiebra.
La jueza tomó la medida luego de que fuera rechazada una nueva propuesta de la empresa postal que no generó satisfacción en el interés del Estado Nacional. Cirulli explicó que la oferta realizada no satisfizo a los acreedores necesarios como para prosperar, en otra medida, hizo referencia a la supuesta conformidad que la empresa deudora atribuyó a los acreedores de Categoría C, que habían prestado acuerdo a ofertas realizadas hace casi 20 años, en otra instancia del proceso concursal.
El fallo también reseñó: “es de suma relevancia hacer notar que el ofrecimiento de la concursada presume de satisfacer íntegramente el único crédito Categoría A, en el 100% del capital nominal ($ 296.205.376,49), más intereses”. Pero cuestionó la tasa que aplicó para hacer esa oferta. “Es claro que el mantenimiento de esa tasa de interés no puede compensar ni remotamente lo adeudado por falta de pago de los cánones mensuales, devengados -cuando menos- desde el año 2001 hasta el cese de la concesión del servicio postal, dispuesta en el Decreto N° 1075/2003″, dijo la jueza.
Desde la perspectiva del Gobierno, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4500 millones de pesos, y no los $1011 millones ofrecidos por la familia Macri y su empresa.
En su razonamiento, la jueza explicó que “el Estado Nacional se sujetó al procedimiento concursal por casi veinte años, haciéndose parte en el proceso, negociando con la concursada, asistiendo a las audiencias donde fue convocado, todo para obtener el cobro de su crédito (lo cual, en definitiva, se proyecta a la sociedad toda), originado hace al menos veinte años en condiciones económicas y de mercado diferentes a las actuales».
“Como consecuencia de todo lo dicho precedentemente, concluyo que no hay elementos en la causa (insisto en que los examinados resultan los únicos disponibles para analizar la cuestión) que permitan considerar al proceder del Estado Nacional como actuación concursal jurídicamente reprochable, con virtualidad para excluirlo del elenco de acreedores concurrentes, según las varias consideraciones vertidas precedentemente” Finalizó
