A la vez, Berhongaray resaltó que «no hay dudas de que el aprovechamiento de un recurso hídrico será sustentable en la medida de que todos los proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, resulten compatibles con la protección del ambiente».
El pampeano recordó que uno de los principios rectores de la política hídrica es el denominado de “unidad de cuenca” que, a partir de considerar a la cuenca en su integralidad, reconoce como premisa básica la coordinación institucional y la participación activa en todas las decisiones de manejo por parte de aquellas jurisdicciones que ostenten el carácter de condóminas (cotitulares) del recurso.
«Este principio directriz resulta abiertamente vulnerado cuando se dispone -en forma inconsulta- un aprovechamiento unilateral de un cauce que, por sus condiciones de interprovincialidad, debiera suponer una administración compartida con la debida injerencia de todos los gobiernos condóminos», reafirmó en un caso que se relaciona estrechamente con Portezuelo.
«Entendemos necesario restringir la posibilidad de que se financie con fondos nacionales a toda obra pública que pueda modificar negativamente el ambiente y alterar el equilibrio de los ecosistemas pertenecientes a cuencas hídricas interprovinciales, y que en todos los casos esas decisiones de inversión deben necesariamente requerir el consentimiento -y autorización expresa para su realización- de cada una de las jurisdicciones condóminas», finalizó.
