Santa Rosa (2b) – Más sectores se suman al rechazo a la construcción de la represa Portezueloz del Viento. Al pedido ambientalista y de un grupo de empresarios se sumó ahora una solicitud firmada por el ex ministro de la Corte Alejandro Pérez Hualde, y los abogados especialistas en Derecho del Agua Miguel Mathus Escorihuela y Aldo Guarino. Quieren que el fiscal de Estado, Fernando Simón, impida «el grave daño inminente» de la contratación de la obra.
La Fiscalía de Estado de Mendoza recibió ayer un pedido para que, en defensa del patrimonio provincial, impida la adjudicación de la obra Portezuelo del Viento. El pedido lleva la firma del ex ministro de la Corte Alejandro Pérez Hualde, y los abogados especialistas en Derecho del Agua Miguel Mathus Escorihuela y Aldo Guarino.
Solicitan al fiscal de Estado, Fernando Simón, impida «el grave daño inminente» de la adjudicación y contratación de Portezuelo y advierten sobre «el severo riesgo de daños al patrimonio público».
Los factores que plantean los abogados son varios y diversos: que haya una sola oferta para realizar la obra hídrica, los precios que pretende cobrar la oferente, la «disminución sensible del caudal del río Grande en los últimos años», el rechazo de las provincias del Coirco y los reclamos de provincias limítrofes.
Agregan además como motivo «los procesos ante la Corte» nacional de las provincias limítrofes y su admisión por parte del alto tribunal, que podrían provocar una alteración e incluso una «interrupción» de la ejecución de las obras.
«El conjunto de objeciones y de riesgos ciertos que surgen de los hechos expuestos constituyen un entorno que convierte a la obra en un emprendimiento altamente perjudicial para el patrimonio público y para el futuro del desarrollo provincial», señala el pedido al fiscal de Estado, que también solicita que participen del análisis del emprendimiento «las fuerzas que han manifestado preocupación».
La presentación indica que este es el momento adecuado para frenar la licitación porque el proceso «hasta el momento no ha generado derechos adquiridos» y advierte que el fiscal de Estado debe requerir «la declaración de fracaso de la licitación pública».
En un anexo, los abogados consideran que en la mejora de la oferta solicitada al consorcio Malal-Hue hubo «un exceso en el ejercicio de la razonabilidad administrativa» por parte del Gobierno.
También afirman, entre otras cosas, que la generación de energía será muy inferior a la estimada: entre el 24% y el 74% de los de los 887 GWh/año previstos.
