Buenos Aires (2b) – «¿Ves para qué quieren Macri, Larreta y Vidal más legisladores?: además de sacarte la indemnización por despido, quieren garantizar la impunidad de Mauricio Macri», afirmó la vicepresidenta sobre la norma aprobada el pasado jueves.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró «escandalosa» e «inconstitucional» a la ley aprobada sin debate previo este jueves por la Legislatura porteña, con la que Juntos por el Cambio (JxC) amplió las competencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad, que ahora podrá revisar sentencias dictadas por la Justicia Nacional en cualquiera de sus fueros con sede en el distrito.
A través de un mensaje en las redes sociales, Cristina Fernández advirtió que el Gobierno de Horario Rodríguez Larreta se vale de la «mayoría automática» en el Poder Legislativo y alertó sobre la posibilidad de que el macrismo aspire a modificar la Constitución de la ciudad, en caso de triunfar en los comicios legislativos del próximo 14 de noviembre.
«¡Y ojo! Porque estos republicanos de morondanga están a un solo legislador de poder modificar la Constitución. ¿Ves para qué quieren Macri, Larreta y Vidal más legisladores? Además de sacarte la indemnización por despido quieren garantizar la impunidad de Mauricio Macri», afirmó la titular del Senado.
¿Ves para qué quieren Macri, Larreta y Vidal más legisladores?: además de sacarte la indemnización por despido quieren garantizar la impunidad de Mauricio Macri. La legisladora @lucampora lo explica clarito. 3 minutos 24 segundos imperdibles. pic.twitter.com/jsnl4iZInM
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 1, 2021
Con la misma opinión, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, adelantó que la entidad hará un «planteo jurídico para lograr la inconstitucionalidad» de la norma por entender que «no es facultad de la Legislatura porteña, sino del Congreso Nacional» modificar fueros, competencias y jurisdicciones legales.
«Es un tema grave en sí mismo, aún si no tuviera un eventual componente político, que obviamente lo tiene», remarcó Gallo Tagle y se preguntó por qué tratar la cuestión «justo ahora en período electoral».
La ley
Con la ley aprobada el jueves por 38 votos a favor -de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN- y 20 en contra -del Frente de Todos y la Izquierda- el macrismo consiguió modificar la norma 402 de procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia y lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.
La ampliación de facultades del tribunal porteño impulsada por los legisladores que responden a Rodríguez Larreta llegó al recinto de la Legislatura camuflada en un proyecto de ley sobre audiencias administrativas y judiciales virtuales que había sido consensuado con el Frente de Todos (FdT), pero luego el macrismo agregó un texto que modificó sustancialmente la iniciativa: «Otorgarle al Tribunal Superior de Justicia las competencias que le corresponden por sobre la Justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires».
En su posteo en las redes sociales, la Vicepresidenta sumó a su publicación la intervención en el Parlamento porteño de la legisladora Lucía Cámpora, quien explicó el vínculo entre la ley aprobada y la causa por la quiebra del Correo Argentino, en la que está involucrado Macri.
De hecho, en esa investigación se busca determinar si el Gobierno de Cambiemos benefició a una empresa de la familia de Macri, Socma, que había sido dueña del paquete accionario de Correo Argentino S.A. y arrastraba una deuda con el Estado de 296 millones de pesos-dólares desde el 2001.
En el 2016, Socma le propuso al Gobierno macrista pagar parte de esa deuda en 15 años, una propuesta que fue rechazada por la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien consideró la oferta «ruinosa» para las arcas del Estado y entendió que, de concretarse, implicaba una quita superior al 97% de la deuda.
Tanto la fiscal Boquin, como la jueza Marta Cirulli, que ordenó luego la quiebra del Correo administrado por la familia Macri, recibieron pedidos de apartamientos formulados por Socma, que además solicitó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño interviniera en la causa y eventualmente se quedara con la resolución del concurso de acreedores, algo que deberá resolver la Corte Suprema.
«Esta ley pretende que determinadas causas de interés, como también son las del fuero laboral, sean resueltas por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad que, como sabemos, tiene una mayoría macrista automática», reflexionó la legisladora Lucía Cámpora.
Con una mirada similar, el legislador porteño Matías Barroetaveña (FdT) opinó que la Legislatura votó «seguir con la impunidad en la causa Correo», mientras se «reprimía en la Villa 31 y se votaban negocios inmobiliarios».
En declaraciones a El Destape Radio, recordó que «el propio procurador, Eduardo Casal, puesto por (Mauricio) Macri, ya se expidió en este tema diciendo que la justicia local no puede estar por encima de la justicia federal» y advirtió: «El TSJ de la Ciudad está conformado por personas muy cercanas a Macri, por lo tanto le favorecería (al expresidente) si la Causa Correo se trasladase a la justicia porteña».
Tres de los cinco integrantes del tribunal porteño mantuvieron vínculos con el Gobierno de Cambiemos: su presidenta, Inés Weinberg de Roca, había sido seleccionada por Macri para ocupar la Procuración; Santiago Otamendi fue viceministro de Justicia de Germán Garavano; y Marcela de Langhe también había sido nombrada en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño. Los otros dos jueces son Luis Lozano y Alicia Ruiz.
En la sesión de este jueves, Cámpora enumeró una larga lista de rechazos hacia la propuesta del bloque de Rodríguez Larreta de ampliar las facultades del TSJ: el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, el Frente de Abogados Populares, la lista celeste de la Asociación de Magistrados, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, la Unión del Empleados Judiciales de la Nación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación.
