General Pico (2b Norte) – El juicio oral contra la ex intendenta de Realicó, Roxana Lercari, quien después de varios años de tramitación de expedientes judiciales será juzgada por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes de funcionaria pública”, comenzó ayer en General Pico. Varios testigos solicitados por la Fiscalía pasaron por Tribunales, hoy declararán los últimos y se esperan para mañana los alegatos de clausura.
Carlos Pellegrino, María José Gianinetto y Diego Ambroghetti integran el Tribunal colegiado a cargo del juicio, mientras que la Fiscalía está representada por Armando Agüero y la defensa de Lercari está en manos del abogado capitalino, Mariano Alomar.
Ayer prestaron testimonio los ex concejales justicialistas, e impulsores de la primera denuncia contra Lercari por “abuso de autoridad”, José Cayuqueo, Roberto Ferrando y el ex presidente del Concejo Deliberante, Claudio Gareis. También prestó declaración el contador contador público Silvio Álvarez, a cargo de la pericia contable requerida por Fiscalía. En último lugar declaró el ex fiscal de Estado de La Pampa, José Vanini, autor de la denuncia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, a raíz de los convenios que Lercari firmó con Nación sin la previa autorización de Provincia.
La primera denuncia contra Lercari se registró a fines de 2016, cundo los concejales opositores le achacaron aumentar sueldos por resolución sin previa autorización del Concejo Deliberante, tal como lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento.
Además, Lercari y alguno de sus funcionarios incrementaron notablemente sus dietas a partir de la antigüedad. Según las normativas municipales, la intendenta al momento de asumir debía cobrar con una antigüedad de cuatro años, el tiempo que se desempeñó como concejal, pero sumó a ello 26 años de docencia, algo no previsto por ordenanza que disparó la suma a cobrar más allá del 30% de aumento establecido por resolución.
La ex jefa comunal realiquense argumenta en su defensa desconocer leyes y cargó culpas también hacia su ex asesora letrada y el contador municipal.
La otra causa, por “incumplimiento de los deberes de funcionarios público”, comenzó a tramitarse en marzo de 2017 luego de la denuncia del Fiscal de Estado de la Provincia, al considerar que la jefa comunal violó el artículo 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades, al firmar convenios con el Gobierno Nacional sin previo autorización del Ejecutivo Provincial.
La exintendenta gestionó ante el gobierno macrista y una serie de obras importantes para la localidad, entre ellas mantenimiento de edificios, una pileta climatizada y la compra de una unidad de transporte para personas con discapacidad. A Lercari no se le achaca firmar dichos convenios, sino hacerlo sin la autorización expresa de Provincia como lo establecen las leyes pampeanas, porque en caso de incumplimiento –ante Nación u otro organismo público o privado- sería el propio Estado Provincial quien eventualmente debería salir a cubrir a la Municipalidad.
En este caso, los argumentos defensivos de Lercari son un aviso “verbal” al ex gobernador Carlos Verna, la supuesta inconstitucionalidad de las leyes pampeanas porque irían contra la “autonomía” municipal y que la ex jefa comunal actuó sin malicia y con desconocimiento de las normativas vigentes.
Para la jornada del jueves se espera la declaración del ex secretario de Asuntos Municipales, Fito Calvo, y de dos funcionarios municipales, un contador como perito de partes y un policía.
Los delitos por los que se acusa a Lercari tienen bajas penas en expectativa, que van desde multas que a lo sumo llegarían a 12 mil pesos, inhabilitación para ejercer cargos públicos y prisión en suspenso.
