Buenos Aires (2b) – Históricamente hablando, lo que ocurrió el pasado viernes 17 fue un hecho cuando menos singular, dado que se rechazó por primera vez en la Cámara de Diputados, el presupuesto del año entrante. Esto fue producto de una unión en la oposición, quienes con diferentes argumentos votaron en contra de la principal iniciativa parlamentaria del Ejecutivo en materia de gastos y recursos de la administración pública nacional.
Si bien en varias oportunidades y por diferentes razones los Gobiernos en ejercicio optaron por prorrogar el presupuesto del año anterior, desde la restauración democrática de 1983 nunca había ocurrido que la oposición levantara la mano en el recinto para votar en contra de un proyecto de presupuesto.
En el rechazo coincidió un conglomerado opositor heterogéneo, con predominio de Juntos por el Cambio -que en la Cámara baja atraviesa una fuerte dispersión en diez bancadas- pero que también integraron el Interbloque Federal, el Frente de Izquierda y las dos agrupaciones de la derecha libertaria.
En una jornada cargada de tensión y con acusaciones cruzadas entre el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, las bancadas opositoras -salvo el interbloque Provincias Unidas- votaron en contra del proyecto que establecía gastos y recursos para la administración pública en 2022.
Tras el rechazo, el Presidente de la Nación tiene la prerrogativa de prorrogar el presupuesto del año anterior y con las actualizaciones distribuir las partidas para sostener las áreas de la administración pública y girar los fondos a las provincias: de todas formas, la tradición parlamentaria y el funcionamiento institucional indican que lo esperable es que el Congreso sancione todos los años la denominada Ley de Leyes.
La coalición opositora integrada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, que en la Cámara baja confluye en un interbloque, atraviesa una profunda dispersión producto de la disputa por los liderazgos internos y los posicionamientos respecto al calendario electoral de 2023.
Este panorama influyó en la larguísima sesión que comenzó el jueves y concluyó este viernes, ya que a medida que fueron pasando las horas todos los sectores de JxC fueron endureciendo su posición, cuando en un principio la Coalición Cívica se mostraba dispuesta a abstenerse, lo que hubiera facilitado la aprobación del proyecto.
El antecedente más parecido a lo que sucedió este viernes se registró en 2010, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner y tras la derrota electoral del Frente para la Victoria en las elecciones de 2009, cuando otro conglomerado opositor -el llamado Grupo A- que formaban la UCR, el Acuerdo Cívico y Social (hoy Coalición Cívica) y Unión-PRO (en el que tenía protagonismo el empresario Francisco De Narváez, hoy retirado de la política) actuó en conjunto para dejar sin presupuesto.
Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió este viernes, con el rechazo del proyecto, en aquella ocasión el Grupo A no dio quórum para tratar el presupuesto que había enviado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
