Buenos Aires (2b).- Organismos de derechos humanos, gobernadores, ministros del Gobierno nacional y diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) reclamaron en una solicitada la libertad de Milagro Sala, quien este domingo cumple seis años detenida, y advirtieron que «con presos políticos no hay democracia plena».
«Una vez más nuestra profunda preocupación y nuestro total repudio ante la persecución y el hostigamiento que viene sufriendo Milagro Sala, quien este domingo cumple 6 años de prisión arbitraria e ilegal», expresaron los firmantes.
Y añadieron: «El caso de la líder de la Tupac Amaru se constituyó en el laboratorio de lo que fue el lawfare en Argentina y que implicó una verdadera asociación ilícita promovida con recursos del Estado para perseguir y encarcelar a dirigentes políticos, sociales y sindicales, como se evidencia cada día con mayor fuerza en nuestro país, con los hechos que salen a la luz pública».
En ese marco, plantearon que «la criminalización de la protesta y el encarcelamiento de dirigentes políticos, sociales y sindicales como práctica durante el macrismo fue una constante que en el caso de Milagro y sus compañerxs pone de manifiesto la malicia de sus mentores, ejecutores y cómplices».
La líder de la organización Tupac Amaru y entonces integrante del Parlasur fue detenida el 16 de enero de 2016 por participar de una protesta que se organizó en forma de acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy a días de la asunción del radical Gerardo Morales como gobernador de la provincia.
El 29 de enero de 2016 un juez ordenó la excarcelación de Sala pero el mismo día pidió su detención en otro expediente conocido como «Pibes Villeros». La revisión de esa causa por defraudación al Estado, extorsión y asociación ilícita, está desde marzo de 2020 bajo consideración de la Corte Suprema de Justicia.
En la solicitada publicada hoy, los distintos sectores sostuvieron que «el caso de Milagro es el que mayor visibilidad tiene en Jujuy, provincia en la que hay aún hoy otros siete presas y presos políticos de la organización social que más ha hecho para garantizar los derechos de los vulnerables».
Por último, advirtieron que la detención de Milagro Sala «debe cesar cuanto antes» debido a que esta situación «lesiona gravemente la democracia.»
Por su parte, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, calificó hoy de «ilegal, arbitraria e injusta» la detención de la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, y reclamó a la Corte Suprema que resuelva una de las causas contra la dirigente que «hace dos años espera resolución».
«Se cumplen seis años de la ilegal, arbitraria e injusta detención de Milagro y hay que decir que además de Milagro siguen presos y presas varios compañeros y compañeras de la Tupac en Jujuy», dijo la exabogada de Sala en diálogo con Radio 10.
Agregó que «hace dos años espera la resolución en la Corte Suprema de Justicia una de las causas que es puntualmente por la que Milagro fue condenada a 13 años. Me parece que en este contexto se hace más larga y más pesada, hoy son seis años».
La letrada sostuvo que «son tres poderes del Estado según la Constitución», esto «quiere decir que hay tres cabeza de gobierno» y «nadie puede dudar que la Corte es un organismo donde se toman decisiones de gobierno».
A su vez, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, dijo hoy que el día que encarcelaron a la dirigente jujeña comenzó en el país «la transformación del aparato judicial en un aparato de persecución».
En diálogo con Radio 10, confirmó que la Liga Argentina por los Derechos Humanos convocó a la marcha contra la Corte Suprema y pide «la renuncia de los miembros» del máximo tribunal porque «fue diseñada y construida por (el expresidente Mauricio) Macri».
El dirigente de derechos humanos recordó que su organización presentó dos proyectos en el Parlasur, y uno de ellos es justamente la «tipificación del lawfare», porque en su opinión «no es cualquier política judicial de persecución, sino que está inserta en un plan de dominación colonial».
La solicitada fue firmada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
También lo hicieron el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Estela De Carlotto, Taty Almeyda y Nora Cortiñas, y el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
Asimismo, suscribieron los ministros nacionales Eduardo «Wado» de Pedro, Aníbal Fernández, Daniel Filmus, Gómez Alcorta, Jorge Ferraresi, Juan Zabaleta, Jorge Taiana, Jaime Perczyk, Martín Soria, Tristán Bauer y Santiago Cafiero.
Desde el Gobierno se sumaron además la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra; y los secretarios de Relaciones Parlamentarias Fernando «Chino» Navarro, y de Derechos Humanos Horacio Pietragalla; y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.
