Buenos Aires (2b) Este miércoles, el Consejo de la Magistratura aprobó una resolución para que el presidente del cuerpo, el juez Alberto Lugones, pueda tomar decisiones administrativas y presupuestarias a partir del viernes, cuando se cumpla el plazo fijado por la Corte Suprema de Justicia para que caduque la actual composición.
En una audiencia extraordinaria, el cuerpo decidió por siete votos contra cinco ,que su presidente podrá tomar decisiones administrativas y presupuestarias a pesar del vencimiento del plazo fijado por el máximo tribunal para que caduque la actual composición.
Quienes votaron por la positiva fueron el mismo Lugones, más los consejeros Graciela Camaño, Diego Molea, María Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Vanesa Siley y Gerónimo Ustarrozno; mientras que por la negativa se pronunciaron Juan Manuel Culotta, Diego Marias, Carlos Matterson, Ricardo Recondo y Pablo Tonelli.
Varios integrantes se pronunciaron antes de la audiencia, entre ellos el juez Recondo, quién señaló que “a partir del día 120, hemos dejado de ser el Consejo así que cualquier actividad va a ser una ultractividad y no podemos hacerlo y me da absoluta tranquilidad que la Corte va a resolver”.
El representante de los abogados Marias, fue otro de lo que se pronunció en la misma línea que Recondo y aportó que “ante una situación de incertidumbre la Corte tiene que actuar porque es la cabeza del Poder Judicial: no tiene margen para no actuar” y apeló a que “confiemos en la actuación de la Corte”.
Mientras, que el impulsor de la medida, el juez Lugones, se diferenció de sus pares y aclaró que “no podemos permitir que el Poder Judicial se pare”,
“No me gusta el fallo de la Corte pero como juez debo cumplirlo”, aclaró Lugones y planteó que, si el presidente de la Corte asume sin la totalidad de los miembros de la nueva composición, sería “una especie de intervención”.
Este viernes se cumplen los 120 días que en diciembre del año pasado fijó la Corte como plazo máximo para que el Consejo se integrara con 20 miembros, y la presidencia a cargo del alto tribunal, o el Congreso aprobara una ley al respecto.
En caso de que no se logre sancionar ningún nuevo cambio, la composición de la Magistratura se compondría según la ley derogada de 2006. El oficialismo, por su parte, trabajo en la ley para la reforma y consiguió la media sanción en el Senado, pero la Cámara de Diputados debe lograr sancionarla antes del viernes, y no se cree que puedan cumplir con los plazos estipulados.
Por unanimidad, el Consejo decidió postergar la votación de las ternas ya listas para elevar al Poder Ejecutivo para que elija los eventuales candidatos y los traslade al Senado para el acuerdo que fija la Constitución.
Las ternas deben ser elegidas por una mayoría especial de 9 votos, en la actual composición de 13 miembros, que no se alcanzó por la complejidad política que atraviesa el organismo. “Es cierto que no vamos a aprobar ninguna terna –sinceró Tonelli-: Nos faltó diálogo y conversación entre nosotros”.
Por otra parte, las nuevas facultades de Lugones quedaron fijadas en “representación en juicio, ejecución de los actos de administración necesarios para la asistencia y soporte material de los tribunales de justicia y del propio Consejo, gestión de los recursos humanos bajo la superintendencia del Cuerpo en las materias impostergables -licencias que exceden las facultadas de los funcionarios de máxima jerarquía e inicio de actuaciones disciplinarias- y asignación de asuntos a las diferentes comisiones al sólo efecto de su radicación”.
Para aquellas circunstancias que excedan lo contenido en el punto resolutivo uno, en el punto dos se aclaró que “el actual presidente del Cuerpo (Lugones) se encontrará facultado para establecer un procedimiento de consulta que requerirá la conformidad de al menos nueve consejeros/as”.
Los nuevos miembros del estamento técnico (jueces, abogados y académicos) terminarán de completarse el lunes 18, con lo cual la Corte estaría a partir de allí en posición de tomarles juramento para que asuman.
En el caso de los miembros políticos (legisladores), que se deben incorporar a la nueva integración, el Juzgado Federal 2 de Paraná firmó ayer una cautelar solicitada por el diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT), en la cual ordena a los presidentes de las Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación que se abstengan de designar nuevos integrantes en el Consejo de la Magistratura.
«El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva ley, y no se pretenda poner en vigencia una ley ya derogada en 2006», expresó el diputado entrerriano.
Foto Gustavo Amarelle
