Santa Rosa (2b) Hoy a las 10, tal como se los había invitado previamente, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Marita Alejandra Mac Allister, junto a los síndicos de Pampetrol, Juan Carlos García, Simón Barreto y Martín Matzkin, concurrieron a la comisión de Hacienda y Presupuesto en el recinto de sesiones de la Legislatura para brindar más detalles sobre la empresa.
Luego de las polémicas declaraciones del ministro, Ernesto Franco, la titular del Tribunal de Cuentas, junto a los síndicos de Pampetrol, expusieron frente a las y los diputados para investigar si existieron actos ilícitos.
Uno de los primeros en tomar la palabra en la ronda de preguntas fue el diputado radical, Mauricio Agón, quién preguntó cuáles son los alcances de control a Pampetrol.
La pregunta fue contestada por el síndico de la empresa, Juan Carlos García, quién manifestó: “Tenemos participación sumamente directa. Nuestra sociedad es muy especial porque la mayoría de los temas se tratan en el directorio de la que tenemos participación. En esas reuniones emitimos nuestras salvedades respecto a dos cuestiones: lo legal y la influencia sobre el aspecto financiero en la sociedad. ¿Cómo verifico la legitimidad de los precios? Hemos trabajado en un manual que establece diferentes cuestiones, como límites de compras, entre otras”.
Agón también consultó por la norma 2572 que “no se está cumpliendo”, que indica que cada 6 meses se debe enviar a esta Cámara un estado de gestión de Pampetrol. “No es que no enviemos la información porque no queremos. Al hablar de información semestral obliga a la empresa a tener una estructura técnica, sistema que es sumamente complejo”, dijo García.
Por su parte, la titular del Tribunal de Cuentas, Marita Mac Allister, aclaró que “el control del Tribunal de Cuentas no es el último, es un control más que tiene la Sapem. Esto es importante, porque determina que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, de lo que hizo y lo que no hizo”.
En su turno, el diputado Francisco Torroba preguntó directamente sobre el contrato de alquiler que mencionó el ministro Franco para pagar menos impuesto a las ganancias, “¿existe o es un dibujo?”.
Una vez más, García respondió: “El Estado de ninguna manera podría darle a una empresa, para obtener beneficios, un bien que posee de forma gratuita. Yo creo que tendría la obligación de cobrar el alquiler. De hecho le cobra el bono. Cuando cedemos el 80% dejamos de pagar el alquiler. En el contrato lo que hicimos fue pagar un contrato de alquiler. En este sentido, somos una empresa protegida, porque nos protege la ley de hidrocarburos. En el caso de los contratos, lo que dice es que se va a pagar en tanto y en cuanto la empresa no tenga que distraer recursos que le impidan dedicarse a la actividad productiva”, desarrolló el contador.
“Nosotros –siguió García-, al 31 de diciembre del 2021, hemos pagado más del 40% de los contratos que tenemos, algo así como 364 millones de pesos. El contrato es válido, desde cualquier punto de vista, es legítimo en todo sentido. Fue firmado por las personas que tenían que firmar, se hizo en función de leyes provinciales e intervino el Tribunal de Cuentas”.
“La otra parte de la pregunta, ¿es para pagar menos ganancias? Cuando uno hace cualquier gasto sabe que el 30% va a ir destinado a restar la ganancia, es decir, es una consecuencia de todos los contratos. No veo diferencia entre ese contrato y el contrato de alquiler que teníamos hasta diciembre, o entre ese contrato y el pago de sueldos”, dijo García.
Torroba volvió a consultar y preguntó si se estaba ante un «hecho de evasión». Nuevamente, el síndico de Pampetrol contestó y dijo “para que haya evasión tiene que haber un incumplimiento de la ley, o sea, te pongo una factura trucha o no pongo todos los ingresos. Nosotros estamos pagando un alquiler. Hubiéramos entrado en infracción si no hubiéramos descontado Ganancias”.
Por su parte, Mac Allister dijo que le llama la atención la pregunta “porque esto está avalado por ley y ustedes son conocedores de la ley”, y agregó: “El Tribunal trabaja en auditorías, hicimos bloques de leyes, para Medanito, Jaugel de los Machos y Medanito Sudeste. Las leyes determinan cuáles son los bienes. El asesor letrado recomienda un dictamen de alquiler. Eso hace que se dicte la ley y se haga un contrato oneroso en Medanito. Esos contratos fueron aprobados en 2020 y transformados en contratos onerosos. Se fue cobrando. Pero es todo por ley, por eso me llama la atención la pregunta. En todo caso, no estamos en competencia de responder, ya que lo debería responder la AFIP. Los informes están a disposición”.
“Lo que hay que discutir es el tipo de auditoria que queremos tener. En esto celebramos que el gobernador haya mandado una ley para que se controlen todas las Sapem. Ahí si podríamos discutir si queremos auditoria de gestión, o de otras características. Esto lo vemos con agrado, y queremos ser convocados. Ese día ustedes tendrán que discutir qué tipo de auditoría se quiere tener”, expresó Mac Allister.
Para finalizar su exposición, la presidenta del Tribunal de Cuentas celebró la convocatoria y dijo que “trabajamos todos los días en el control. No dudamos en nadie, venimos tranquilos. Uno es vehemente cuando está convencido de lo que hace. En ningún momento sentimos que estábamos en una situación de complicada”.
En cuanto a los diputados del Frejupa, el bloque coincidió en que las declaraciones del ministro Franco fueron “desafortunadas” , pero manifestaron su conformidad con la reunión para que la sociedad esté segura de que no hubo delito y que se paga impuesto a las ganancias.
El presidente del bloque de Propuesta Federal, Martín Ardohain, insistió una vez más la renuncia de Franco por “el daño que le ha hecho a las instituciones”. Torroba ratificó su postura de juicio político al ministro. “No por haber cometido un delito, sino por el daño que ha causado y por el manto de sospechas que ha generado sobre las instituciones”, finalizó.
