Santa Rosa (2b) – Representantes del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo se reunieron por primera vez, en la Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia, para definir cómo se implementará la ley provincial 3353 sobre el nuevo Procedimiento Penal para Adolescentes.
Por el Poder Judicial asistieron el presidente del STJ, Hugo Oscar Díaz, el ministro Fabricio Luis Losi y la ministra Elena Victoria Fresco; mientras que por el Poder Ejecutivo la hicieron los subsecretarios Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, y de Justicia y Registros Públicos, Pablo Boleas, y el director general de Promoción de Derechos Humanos, Alejandro Osio.
Una norma aprobada recientemente por la Legislatura provincial difirió la entrada en vigencia de la ley 3353 para el 1 de agosto de 2023 –hasta ese momento regirá la ley 1270 de Régimen de Protección a la Minoridad– y estableció que la Justicia provincial deberá disponer las “adecuaciones correspondientes para su aplicación”.
Además fijó la obligatoriedad de una capacitación en la temática de justicia penal para adolescentes para “todos los integrantes del Poder Judicial que deban desempeñar funciones previstas” en la ley. Su organización, modalidad, contenidos y periodicidad también estará a cargo de la Justicia, y se llevará a cabo durante el segundo semestre del año.
Los seis integrantes de la comisión –que mantendrán encuentros periódicos– dialogaron sobre cómo avanzar en la puesta en funcionamiento de la nueva legislación y, en ese contexto, resolvieron que irán citando escalonadamente a otros actores de la problemática penal adolescente para que aporten ideas y sugerencias.
En ese sentido se pensó en convocar al Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, a la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, a la Procuraduría General, a los fiscales y defensores generales y a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.
Hace dos meses, ambos poderes ya habían organizado una actividad de capacitación denominada “Justicia restaurativa: conceptos, herramientas y experiencias”, que estuvo a cargo de dos investigadoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y destinada a 80 magistrados/as, funcionarios/as y personal del Poder Judicial y a agentes de la Administración Pública.
“El eje central de lo que se denomina justicia restaurativa es que todas las personas involucradas en un conflicto penal, en un delito, participen de su solución. Una de las distinciones novedosas de esta herramienta es la participación de la víctima, ya sea una persona, una comunidad o un barrio. La idea es que esa víctima pueda decirle a un juez o una jueza cómo quiere que resuelva el conflicto y cómo quiere ser resarcida”, explicaron las expertas.
El principio general de la nueva ley es que “garantiza en forma integral la protección de los derechos de las/os adolescentes” y que ello debe “complementarse con el piso mínimo de derechos fijado por la legislación nacional e internacional de derechos humanos de la infancia vigente en la República Argentina, siendo los tratados y compromisos internacionales parte integrante (de ella) a los fines de su interpretación y aplicación”.
También estable que “el procedimiento penal tiene por objeto asegurar el ejercicio pleno de los derechos y garantías del debido proceso a las/os adolescentes, a quienes de cualquier modo se vincule con la comisión de una infracción a la ley penal, y una asistencia integral en torno a su persona, teniendo especialmente en cuenta el principio educativo en todas las intervenciones”.
